A pesar de lo esperado en instituciones y medios de Madrid, la cuestión catalana sigue viva en estos momentos a pesar de las diversas estrategias puestas en marcha para reconducir un conflicto que, hasta el momento, parece que tiene difícil solución.

Por el momento, no está funcionando la estrategia económica, con la salida de empresas de Cataluña o los avisos de los organizadores de grandes eventos de que se irán de Barcelona si no se estabiliza la situación política. Tampoco parece que surta grandes efectos la estrategia judicial del encarcelamiento de la mayoría de sus líderes políticos, convertidos en símbolos de la represión española exportables en el movimiento de denuncia internacional. No ayudan posicionamientos del TS que consideran violencia y no desobediencia la resistencia pacífica que se ejerció, por ejemplo, ante los colegios electorales catalanes el 1 de octubre.

No está funcionando tampoco la presión internacional hacia el indepndentismo, que habla de una soledad del independentismo que se contradice con la presencia del tema catalán en las agendas del Gobierno belga, por la permanencia de Carles Puigdemont en Bruselas, y de los portavoces de las instituciones comunitarias, que intentan prologar la idea de que estamos ante un problema interno de España. Con ramificaciones europeas, como mínimo, que pueden afectar a la economía de la Eurozona: La Comisión Europea avanzó que las previsiones de crecimiento para España el próximo año será de un 3.1% aunque advirtió del riesgo de la situación en Cataluña.

El Gobierno se queda sin interlocutores políticos

Este jueves, el TS decretó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por delitos de rebelión en la sesión que aprobó la declaración unilateral de independencia. Forcadell abonó el dinero de la fianza este viernes y ya se encuentra en libertad.

El TS también dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros para cuatro miembros de la Mesa del Parlament y libertad para el quinto (Joan Josep Nuet, de CSQEP, que votó en contra). La decisión llegó después de que todos dijeran que acataban el artículo 155 de la Constitución y tras señalar que la declaración unilateral de independencia aprobada tenía sólo valor «simbólico» y carecía de efectos jurídicos.

Con la decisión del TS, que todavía debe decidir sobre la asunción de la causa contra Oriol Junqueras y el resto de consellers ingresados en prisión sin fianza desde hace diez días decretada por la AN, se completa el círculo de la estrategia jurídica contra los líderes políticos del Procés: Con el encarcelamiento de los Jordis, de Junqueras y el resto de consellers y, ahora, con los responsables parlamentarios, han quedado desactivadas las caras más visibles de la posible interlocución con el Gobierno central para reconducir un proceso que, ahora sí que sí, queda en manos de la sociedad civil.

Hace unos días, Enric Juliana dedicaba una columna a hablar de los Comitès de Defensa de la República  (CDR), más de 200, divididos en zonas y barrios, que son los llamados a marcar el ritmo tras el descabezamiento político y simbólico del independentismo. La mala noticia para los intereses de Madrid es su propia existencia, su arraigo al entorno, que conoce mucho mejor que las direcciones de ERC o del PdeCat,  y que se estén convirtiendo en el mecanismo de movilización en estos momentos, con la CUP como el único atisbo institucional, con las implicaciones que ello conlleva.

En todo conflicto político, es fundamental mantener un cauce de interlocución abierto. este cauce se hace mucho más sencillo cuando se comparte mismo lenguaje e incluso cuando se reconocen los objetivos de los respectivos grupos. En este caso, podemos tener la existencia de un lado profesionalizado desde el punto de vista político con un conglomerado de grupos formados por activistas antisistema (en el más amplio sentido de la palabra) sin cúpula reconocida y con una capacidad de movilización cuyo germen lo podemos encontrar en la inventiva para esconder las urnas con las que se votó el 1 de octubre.

A la espera de que las presiones del Gobierno den sus frutos en el sentido de poner en la calle a los interlocutores políticos del Procés, en estos momentos Madrid no tiene un interlocutor equiparable en Cataluña. Y eso es un problema mucho más importante de lo que parece.

Un conflicto que no se desactiva

Ni los encarcelamientos ni la mofa por la presencia de Carles Puigdemont en Bruselas han desactivado un proceso que tuvo este miércoles la señal más clara de la capacidad del independentismo para prisionar. La Intersindical-CSC convocó, secundada por  USTEC, IAC, CGT Ensenyament y COS, una jornada de huelga general en protesta por el envío a prisión de Junqueras y el resto de consellers y Cataluña quedó paralizada. No tanto por el seguimiento de la huelga por los ciudadanos, que sí fue importante en el sector de la educación, sino por la capacidad de los convocantes, apoyados por los citados CDR, de bloquear vías férreas y de cortar carreteras, desde las vías de accceso a las ciudades a la misma frontera, dejando paralizados a miles de conductores durante horas.

Tras la activación del art. 155 de la CE, el Ministerio del Interior responde por las actuaciones de los Mossos d’Esquadra, que habrían recibido la orden de evitar las cargas policiales y, en cualquier caso, imágenes que, como las del 1 de octubre, pudieran ser contraproducentes para los intereses de Madrid. Más de un mes después, volvemos a confirmar el error de aquella decisión, que sigue obligando a los responsables políticos españoles a dar explicaciones dirigidas, sobre todo, a minimizar unas imágenes que, en cualquier caso, se consideran lamentables.

El desarrollo del día de huelga en Cataluña volvió a demostrar la capacidad de movilización del independentismo a pesar de su descabezamiento. Y nos vuelve a dar la razón en nuestras afirmaciones, durante años, de que éste no era un problema sustancioalmente de elites, como se ha querido ver desde Madrid casi desde el principio, sino de un sentimiento que hunde sus raíces en una sociedad que, primero, entiende que hay una alternativa a lo que España representa en estos momentos desde el punto de vista institucional; y, segundo y más importante,  está dispuesta a desafiar el orden establecido al entender que las consecuencias de no intentarlo son más nocivas.

Cataluña como motivo de la reforma constitucional

El ministro de AAEE lo reconoció en una extraña entrevista en la BBC: La comisión parlamentaria abierta para estudiar la reforma de la Constitución en un sentido territorial tiene como fin «acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes». Alfonso Dastis confirmó, pues, que la apertura del melón constitucional, que podría derivar en la celebración de elecciones constituyentes la próxima primavera, es consecuencia del conflicto catalán. Es decir, el Gobierno asume internacionalmente lo que niega en el país: Estamos ante un problema de gran envergadura que no se resuelve exclusivamente por la vía judicial, sino que requiere de hacer política. Ya veremos si esta alternativa llega tarde o no.

La entrevista de Dastis, que tuvo que hacer frente también a las críticas por las cargas policiales del 1O, tuvo un momento surrealista cuando el periodista de la BBC que le entrevistó difundió que el ministro de AAEE había hablado de la posibilidad de un referéndum pactado. AAEE desmintió esta posibilidad, que atribuyó a una mala interpretación del periodista, pero que bien puede haberse tratado de un globo sonda para preparar a la población ante lo que pueda pasar. Las elecciones del 21D, salvo sorpresa, no arrojará mayorías alternativas en el Parlament, con todo a favor para el independentismo revalide su mayoría absoluta con una participación histórica. Y el día 22 se activará de nuevo un problema que corre el riesgo de enquistarse.

Alianzas antinatura para ir a las elecciones 

La convocatoria de elecciones anticipadas autonómicas para el 21 de diciembre se hará sin lista unitaria de ERC y el PdeCat tras la confirmación de que no había acuerdo hace unos días a pesar de la presión de la antigua Convergència y con la previsible presencia de la CUP como candidatura en lo que parece una reedición de los resultados de hace dos años, con el independentismo a la baja y a la espera de alcanzar los 68 años que garanticen la mayoría absoluta.

En las filas del constitucionalismo, también se suceden movimientos extraños. Hace unos días, el PSC anunció un acuerdo electoral con Units per Avançar, herederos de Unió, para ir conjuntamente a las elecciones. Ramon Espadaler será el número 3 de la formación  por Barcelona a pesar de sus opiniones en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo o sobre el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo. Se prima la opcion país con el objetivo de que los 105.000 votos conseguidos por Unió en las elecciones de 2015 se transformen en 2-3 escaños, sobre todo en Barcelona y Tarragona.

La decisión del PSC se puede interpretar de varias formas. Por un lado, parte del supuesto de que, a estas alturas del partido, ya habrá pocas transferencia entre partidos políticos y, si los hubiera, podrían centrarse en movimientos de votantes entre PP, C’s y PSC o en forma de recuperación de parte del voto que en su momento fue a CSQEP, que afronta su particular crisis interna con la dimisión de Albano Dante Fachin y anuncios de candidatos en la lista que se desmarcan inmediatamente, como Viçen Navarro.

Por otro, se presupone que el electorado tendrá un comportamiento este 21D idéntico al de hace dos años, por lo que lo ocurrido desde el pasado mes de septiembre (intervención de la autonomía, cargas, encarcelamientos de líderes políticos) no sólo no habrían rebajado las expectativas del constitucionalismo sino que lo habría reafirmado, con opciones de crecer electoralmente, según los últimos sondeos sobre intención de voto.

En esta línea se enmarca el anuncio de acuerdo entre PSC y la antigua Unió, que se completará con la entrada en las listas socialistas del número 2 de Societat Civil Catalana y del ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que en 2014 fue elegido europarlamentario con la lista de Podemos. Villarejo, que abandonó la formación morada poco después, vuelve así a su origen político, a pesar de las críticas vertidas en el pasado contra el PSOE, y confirma una estrategia del PSC en el más puro estilo de «partido atrapalotodo».

Los anuncios, especialmente el acuerdo con Unió, presenta tantas dudas que ya hay sectores del partido que se han pronunciado en contra, con dimisiones de alcaldes incluidas. Existe la posibilidad de que el intento de abarcar todos los espectros políticos para pescar en los caladeros de voto de PP y C’s finalmente quede en nada: Una partel del electorado más ubicado en la izquierda (o el electorado que estaba empezando a recuperar el PSC) puede optar por alejarse de la nueva lista por no querer compartir espacio con los dirigentes y votantes de Unió, lo que tampoco se contrapesa con un fichaje como el de Jiménez Villarejo, conocido en los últimos tiempos por sus críticas al PSOE.

Todos estos movimientos añaden incertidumbre sobre las opciones de PP y C’s, si funciona la estrategia de los fichajes de centroderecha, y de las posibilidades de Catalunya en Comú, si funciona el efecto Villarejo. Tampoco sería descartable que la estrategia se volviera en contra del PSC y de que aumentaran las posibilidades de abstención.

Por el momento, los sondeos publicados arrojan estas mayorías: