Hace unos días, el presidente del Gobierno confirmó que convocará las próximas elecciones generales cuando tocan, es decir, en junio de 2020. De esta forma, Mariano Rajoy frenó los rumores que apuntan, desde hace unas semanas, a que se verá obligado a adelantar la cita electoral en función de cómo resulten las elecciones en Cataluña: Un mal resultado del PP que catapulte a C’s por encima de los 30 escaños modificaría sustancialmente el acuerdo parlamentario que sostiene al Gobierno popular cuando quedan dos años y medio para que acabe la legislatura.

En el mismo acto, Rajoy defendió el acuerdo en relación al Cupo Vasco, criticado por algunos de los barones de su partido, con una frase muy significativa dirigida a su socio en el Parlamento: Basta de emplear estrategias electorales cortoplacistas cuando permanece abierto un problema en Cataluña que requerirá de muchísima negociación más o menos pública, con dudas a propósito de una exigencia maximalista de C’s, que puede tener la tentación de utilizar el problema catalán como factor aglutinador en el resto del país.

Lo cierto es que C’s se proyecta en estos momentos como un partido nuevo, sin recelos a propósito de la cuestión nacional (española). El partido de Albert Rivera puede ahora seguir la senda que en su momento recorrió Podemos, con un discurso atractivo fuera de los territorios históricos o más sensibles al nacionalismo periférico. Le ayuda, sin duda, su fortaleza como partido centralista, sin implantación en CCAA históricas, y su facilidad para conectar con un electorado que se siente muy cómodo en una idea de centralización del Estado o incluso con la desaparición de las Comunidades Autónomas. Los datos del CIS lo corroboran.

En este contexto, Cataluña puede ser el punto de partida, sobre todo si se confirma un PP irrelevante, que coquetea con la posibilidad de perder la posibilidad de tener grupo propio en el próximo Parlament. De ahí que no sorprenda del todo que Moncloa haya decidido echar el resto y, a pocas horas del cierre de la campaña electoral catalana, anuncie un principio de acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional un 4% el próximo año y hasta un 15.4% hasta 2020, coincidiendo con la celebración de las próximas elecciones generales.

Génova vive durante estas semanas un proceso que el PSOE ya sufrió en su momento con la cristalización de la opción Podemos: Un competidor fuerte y con opciones de pescar en el caladero de votos de los descontentos que, hasta ahora, han votado las  listas del PP con la nariz tapada por la percepción de falta de alternativas. Por primera vez desde la desaparición de la UCD, el PP se encuentra con posibilidades de la aparición de un competidor electoral en el centroderecha que puede pescar por el centro (con cierto discurso social e incluso económico) y a la derecha más escorada con el marco de la nación española.

Hace unos días, Enric Juliana señaló que 2014 había sido el año de Podemos y que 2018 podría ser el año de C’s. Los sondeos sobre intención de voto así lo atestiguan, más allá de las proyecciones sobre Cataluña. También lo certifican los mensajes de José María Aznar, que continúa siendo un referente, pese a todo, para toda una generación de votantes que no terminan de entender los modos y las formas de Mariano Rajoy y del aparato del partido en los últimos años.

Así, tal y como le ocurrió al PSOE en 2011, con la pérdida de 4.2 millones de votos respecto a los resultados de las elecciones en 2008, es posible que el PP, que en 2015 y en 2016 se libró del abandono masivo de su electorado tradicional, a pesar de perder 3.6 millones de votos en cuatro años, se encuentre en las próximas generales con ese ajuste de cuentas en diferido. Entre sus hitos, sus problemas con la corrupción política, que seguirán con la judicialización de la mayoría de los casos en los que están implicados destacados dirigentes del partido; y la devaluación interna, producto de la crisis económica y de las medidas adoptadas por el Gobierno del PP desde el año 2012.

Esa vía de agua, la del empobrecimiento y precarización de generaciones enteras de trabajadores, que se suma con los problemas para el pago de pensiones en el futuro (lo que afectaría al caladero natural de votantes del PP), explicaría el anuncio de la subida del salario mínimo en los próximos tres años, una medida que pillaría a contrapié tanto a C’s como al PSOE, que ve cómo Génova le puede arrebatar la agenda social con la que competiría en las próximas elecciones generales.