“España tiene un pollo de cojones”

Esta frase, que Lucía Méndez atribuye a Carles Puigdemont, vuelve a evidenciar las costuras del Estado en relación al desafío más importante para España desde, al menos, la Transición política que ha provocado la utilización, por parte del Gobierno del PP, de todas las instituciones del Estado con el único fin de acabar con el independentismo promoviendo la defenetración de Carles Puigdemont.

El viernes, y tal como anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el jueves, el Gobierno presentó un “recurso preventivo” ante el TC a propósito de la posibilidad de que Puigdemont sea investido nuevo presidente de la Generalitat en el Pleno convocado en el Parlament este martes. Se parte del supuesto de que el ex presidente de la Generalitat no podrá llegar físicamente a la sede del Parlament sin ser detenido y puesto a disposición de la justicia como ocurrió con el resto de su Govern. El TC le obliga a obtener un “permiso judicial” que el protagonista de esta historia ya ha adelantado que pedirá.

Con el informe en contra del Consejo de Estado, que señaló que no es posible presentar recursos ante el TC de manera preventiva, el Gobierno dirigió la pelota al tejado del Constitucional, que decretó por unanimidad que la norma no permite una investidura telemática o por delegación. La decisión del TC deja claro un aspecto fundamental que a menudo se ignora: Se requeriría la presencia física de Puigdemont en sede parlamentaria, lo que cercena la idea del Ejecutivo de prohibir su investidura como sea a partir del precedente de los actos ejecutados entre los meses de septiembre y octubre.

Antes de conocerse la decisión del TC, que parte de un escenario que se adelanta a los acontecimientos y que se ratifica en una interpretación muy extraña de la ley (se decide sobre hechos que no han sucedido desde la adopción de una medida cautelar de un órgano, el TC, que no es jurisdiccional), ya se había convocado una concentración en los alrededores del Parlament por parte del independentismo con la consigna de portar caretas de Puigdemont para dificultar la labor de las FCSE.

Viñeta de Ricardo publicada en El Mundo

Matiz importante a tener en cuenta: En aplicación del art. 155, en esta ocasión ha sido la policía nacional y no los Mossos los que revisan las calles aledañas y los pasos subterráneos en lo que contribuye a aumentar la leyenda de la posibilidad de una entrada triunfal de Puigdemont al Parlament a pesar de las enormes medidas de seguridad desplegadas para que, en palabras del ministro del Interior, no se pueda colar en territorio español ni siquiera en el maletero de un coche.

Instituciones al servicio de los intereses del Gobierno

La decisión del TC es la penúltima muestra de cómo el Ejecutivo está dispuesto a usar todos los resortes institucionales para combatir el independentismo por tierra, mar y aire desde el acomodo partidista de la ley. Primero fueron las decisiones del Consejo de Ministros de facilitar la norma para el cambio de las sedes sociales de las empresas domiciliadas en Cataluña, en un intento nada disimulado de asfixiar económicamente a la CCAA, que fueron respondidos en las urnas con una fortaleza del independentismo que, parece, sorprendió en Moncloa.

Luego llegaron los mensajes sobre la manera en la que los Jordis, Oriol Junqueras o Joaquin Forn podrían lograr la libertad condicional: Un acatamiento de la Constitución y la promesa de que no trabajarán por la independencia desde las instituciones catalanas. Forn ya lo ha manifestado (veremos si hay traslación directa en el TS en relación a su puesta en libertad) y otros diputados han abandonado sus respectivas actas para volver a la vida civil.

Sólo en la última semana, hemos tenido ejemplos de cómo el Ejecutivo ha intentado estirar la arquitectura institucional, con Soraya Sáenz de Santamaría como principal ejecutora de la estrategia, en función de sus intereses. Hace una semana, la Fiscalía, que no depende directamente del Goiberno pero sí recibe instrucciones del ministro de Justicia, hacía pública una nota en la que reclamaba la reactivación de la euroorden para detener a Puigdemont aprovechando su viaje a Dinamarca. El lunes, el propio juez Llarena, del TS, descartó esta posibilidad en un ejemplo de remarcar la independencia de la judicatura ante el intento de intromisión de la Fiscalía.

El jueves, el Gobierno consultó al Consejo de Estado y, a pesar de su negativa, puso la pelota en el tejado del TC, que tiró por la calle de en medio en una sesión urgente celebrada este sábado: No sería posible una investidura telemática pero, entendemos, Puigdemont sí sería investido si logra llegar al Parlament. Lo que, de ocurrir, volvería a poner en evidencia a todo el entramado de seguridad del Estado, que desde hace semanas tiene como labor fundamental evitar esa fotografía de Puigdemont en el Parlament.

Aún hay más. Este domingo tuvimos otra muestra de cómo las instituciones españolas se han puesto al servicio del bien superior de acabar con el independentismo: El Tribunal de Cuentas hizo público que se ha acordado la investigación de las cuentas de la red diplomática de la Generalitat entre 2011-2017 con el fin de conocer el destino de los recursos asignados a la política de acción exterior. Nada extraño si no tuviéramos constancia del retraso de la labor fiscalizadora del Tribunal y de su ineficacia (dio por buenas las cuentas del PP durante años mientras el partido funcionaba con una contabilidad b, al menos en la Comunidad Valenciana, según confesión de un ex secretario general).

En este contexto, el Gobierno, con las encuestas sobre intención de voto mostrando que el principal beneficiado de este escenario es C’s, actúa con el apoyo más o menos explícito del partido de Albert Rivera y del PSOE, que sigue sin aprovechar el desplome electoral de Unidos Podemos. Los tres serán responsables de los daños que queden tras la tormenta, como ocurrió entre 2008-2014 al calor de la crisis económica y financiera, con la imposibilidad de hablar de instituciones que trabajan por el bien común y/o independientes del poder ejecutivo o legislativo.

CODA: El arranque de la semana confirmó buena parte de los argumentos que esgrimimos en este post. El País publicó que el Gobierno había trasladado al TC la gravedad de la situación de la investidura de Puigdemont con el objetivo de que el Alto Tribunal dictara una resolución favorable al recurso del Ejecutivo.

Llama la atención que el diario de Prisa, con el que Soraya Sáenz de Santamaría mantiene excelentes relaciones, publicara una información que habla de presiones del Ejecutivo al TC con el objetivo de salirse con la suya, en  una nueva muestra de instrumentalización de las instituciones en su beneficio. En el momento de este añadido, el PSOE se había limitado a arremeter contra la torpeza del Gobierno por utilizar al TC en esta estrategia y C’s había señalado que, de confirmarse, no se trata de comportamientos “edificantes”.

Mientras, con el Gobierno en pleno ataque de nervios ante la posibilidad de que Puigdemont finalmente se presente ante el Parlament, con revisión de vuelos procedentes de Bruselas incluido,  desde el PP, se utilizó a la prensa para dirigir una amenaza nada sutil contra el presidente del Parlament si persiste en mantener la convocatoria del Pleno de investidura para este martes: “Tiene dos hijos, ya sabe a qué se atiene”.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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