Nadie esperaba una movilización tan potente y sostenida en el tiempo como la de los pensionistas, que estos días ocupa la agenda mediática y política. El 22 de febrero, el poder político y mediático conoció la dimensión del problema, organizado al margen de los partidos políticos, que lleva dos meses de movilización y que amenaza con aguarle la fiesta a Moncloa, que asiste preocupado a la protesta de su electorado natural.

En líneas generales, había dos maneras de afrontar la profunda crisis económica y financiera que impactó en España, sobre todo, a partir de 2008: Una devaluación interna, especialmente sobre el mercado de trabajo y las políticas básicas del Estado de bienestar; o recortar directamente las pensiones empobreciendo a través del BOE  (7.7 millones en 2008, 8.7 millones en la actualidad).

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero combinó ambas opciones, con una reforma laboral que abarató el despido (y facilitó, por lo tanto, la precariedad laboral por esta vía). bajadas de sueldo de funcionarios (5%) y con una congelación de las pensiones desde mayo de 2010, tras años de subidas ininterrumpidas anunciadas en Rodiezmo.

En diciembre de 2011 llegó el PP al Gobierno y optó, directamente, por la primera vía: Recortes en gasto público y una devaluación salarial interna directa, con abandono incluido de los trabajadores más jóvenes, condenados a enganchar contratos temporales y, sobre todo, muy mal pagados o a hacer las maletas para irse de España a poco que se tenga un poco de formación. Su reforma laboral fue aprovechada para despedir a los trabajadores con mayor antigüedad (y por lo tanto con mejores condiciones salariales) para contratar con condiciones más precarias, una tendencia que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los buenos datos de crecimiento.

En la práctica, ya está instalado el marco de que las generaciones actuales tienen cada vez más dificultades para pagar las pensiones a través de rentas y, por ejemplo, impuestos indirectos al consumo, dado el desplome de los salarios. Y todo ello mientras se espera la jubilación, en unos años, de los primeros miembros de la generación del «baby boom», los primeros a los que les afectará el llamado «factor de sostenibilidad» que, en la práctica, supone una rebaja a los nuevos pensionistas. Si combinamos esta circunstancia con el déficit de la Seguridad Social (18.800 millones en 2017) o que la llamada «hucha de las pensiones» que Rajoy heredó de Zapatero (66.815 millones de euros) está vacía tenemos el combo perfecto para justificar la movilización.

Sin embargo, de forma indirecta también se tocaron las pensiones a través del copago farmacéutico y otros recortes de gasto público, pero, sobre todo, con un cambio en la revalorización de las pensiones: Moncloa decidió unilateralmente obviar el IPC, que hasta entonces había sido la referencia para subir las pensiones anualmente, y se prefirió una fórmula alternativa que en la práctica supone una subida del 0.25% de las pensiones anualmente (2017 cerró con una subida del IPC del 1.1%).

La consecuencia directa es la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años entre los pensionistas, una masa que durante estos años ha mantenido a familias enteras en situación de desempleo o subempleo. Hablamos de un colectivo muy numeroso que suele tener más incentivos para acudir a las urnas que otro votante tipo y que, en general, opta por el PSOE y, sobre todo, por el PP, que ha encadenado semanas de referencia a la insostenibilidad de las pensiones y/o a recomendar que los ciudadanos aseguren su futuro mediante la contratación de planes privados. Blanco y en botella.

El jueves de la semana pasada, los pensionistas se convirtieron en un grupo de presión por sí mismo con la celebración simultánea de manifestaciones en Bilbao (hata 35.000 personas), Vigo o Madrid, donde protagonizaron un Rodea el Congreso que fue permitido por las FCSE, a diferencia de otras ocasiones. La convocatoria, impulsada por plataformas creadas hace dos meses, contó con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, y ha pillado con el pie cambiado a todos.

En un primer momento, Génova reaccionó señalando que había otros colectivos que habían sufrido más por las medidas adoptadas por la crisis, un discurso que quedó sepultado inmediatamente. Así, hemos visto cómo, en una semana, el Gobierno parece haber entendido el riesgo de esta movilización para su estabilidad presente y, sobre todo, para su proyección futura. Por su parte, hemos visto al PSOE sumándose ahora a la movilización a pesar de que los convocantes denuncian que Pedro Sánchez no quiso reunirse con ellos, a C’s comprensivo pero señalando que la reivindicación de los pensionistas no se puede pagar o a Unidos Podemos, que realizó el gesto de acompañarles en la Carrera de San Jerónimo.

La protesta de los pensionistas, multitudinaria el 22 de febrero, volvió a repetirse esta semana con convocatorias en días alternos que han tenido una consecuencia directa: Ocupar la agenda mediática todos los días y provocar que el PP haya presionado al Gobierno para que aborde este asunto ya, con propuestas de rebajas fiscales por parte de Cristóbal Montoro, mientras Mariano Rajoy propone un Pleno monográfico en el Congreso de los diputados mientras admite que no hay fondos suficiente ahora para plantear una revalorización de las pensiones vía IPC. Mientras, se anuncian nuevas movilizaciones para el 7 de marzo y el 22.

Ironías de la vida, el grupo electoral más fiel al PP, a menudo criticado por su comportamiento electoral, al final puede ser el que marque la agenda política en los próximos meses, sobre todo la del Gobierno, que ve ahora cómo se le revuelve también este sector de votantes. Con su movilización, ya no queda casi ningún colectivo de peso que no se haya echado a la calle en algún momento desde 2010. Comienza a ser una constante que lo hagan sin banderas partidistas, en lo que constituye un gesto más de desconfianza hacia la política institucional.