El conflicto catalán ha entrado en una dimensión distinta a la conocida con la detención de Carles Puigdemont en suelo alemán, como respuesta a la euroorden activada el pasado viernes por el juez del TS que lleva la causa de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. En el momento de elaboración de este post, el ex presidente de la Generalitat había ingresado en la prisión de Neumünster, en el estado de Schleswig-Holstein, mientras se lanzaban avisos desde Alemania de que no será devuelto a España si la acusación contra él es la rebelión. Además, el resto de ex consellers fugados se habían puesto a disposición de la Justicia desde Escocia y Bélgica.

La detención de Puigemont se produce tras unos días frenéticos que  han tenido una consecuencia directa y palpable en las calles de Cataluña, mientras se comienza a ver cierto viraje entre las protestas pacíficas a encontronazos serios con la policía. Así, la maquinaria judicial ha vuelto a reactivar y unir a los sectores independentistas tras semanas de altas dosis de realismo y cinismo político, combinadas con la percepción de que el objetivo de la independencia no era posible en estos momentos.

A pesar de todos los movimientos del aparato del Estado desde el pasado mes de octubre, en este blog hemos señalado en numerosas ocasiones que había percepciones más que evidentes de que había sectores en el independentismo interesados en hacer aterrizar el Procés ante la constatación de que no existen mayorías suficientes en Cataluña a favor de la independencia, a pesar del enorme malestar generalizado con el statu quo actual, y que tampoco había un apoyo expreso internacional a la causa a pesar de la simpatía que el independentismo provoca fuera de nuestras fronteras frente a la imagen de un Estado con tics autoritarios puestos de manifiesto con las condenas contra la libertad de expresión.

En las últimas semanas, la pugna ha sido constante entre los partidos independentistas con representación parlamentaria. Es un hecho la división interna en el JxCat entre los sectores más vinculados a Puigdemont y los que plantean una vía más «civilizada», conflicto que se ha sumado al que la formación mantiene con ERC desde los meses previos al 1 de octubre y que se evidenció durante aquellos días. La fuga de Puigdemont, mientras Oriol Junqueras sigue en prisión provisional, no ha ayudado precisamente a calmar unas aguas muy revueltas que se complicaron durante la negociación de un candidato para la investidura, con mensajes directos de Torrent a la posibilidad de que Puigdemont se apartara de la primera línea para normalizar la vida política e institucional en Cataluña.

En ese debate entró también la CUP, que este jueves decidió no apoyar la candidatura de Jordi Turull, un hombre de partido que hizo carrera política durante el pujolismo y al que la CUP vetó casi desde el comienzo bajo la idea de que debía ser Puigdemont el único candidato posible. Si ERC y el JxCat pretendían repetir la odisea de la investidura de Puigdemont, en las navidades de 2015, se equivocaron y se evidenció en el Parlament la fractura en el independentismo, fractura que se comenzó a cerrar ese viernes, de nuevo con la inestimable ayuda de toda la maquinaria estatal española.

El TS da un golpe de efecto

El jueves renunciaron a sus actas de diputadas Marta Rovira, Carmen Forcadell y Dolors Bassa antes de ir a declarar ante el Supremo ante la sospecha de que el juez Pablo Llarena ordenaría su ingreso en prisión. No sabemos si ése era el escenario previsto porque el viernes se conoció que Rovira había optado por la misma vía que en su día tomó Puigdemont y la mitad de su Govern y había abandonado España con dirección a Suiza. Horas después de conocerse la noticia, el TS publicó el auto de procesamiento contra Puigdemont y 13 líderes independentistas por un delito de rebelión.

Entre los imputados figuraban los líderes en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, al que el juez decidió mantener en prisión, petición que realizó VOX y contra la opinión de la Fiscalía), Puigdemont, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira, contra los que se dictó orden de prisión, ya ejecutada.  Al mismo tiempo, el juez decidió reactivar la euroorden contra Puigdemont y el resto de los ex consellers fugados el pasado mes de octubre, y ese movimiento es el que permitió a la policía alemana detener a Puigdemont en la fronteracon Dinamarca.

A la espera de la extradición o no del ex presidente de la Generalitat y de si los conatos de violencia invitan a permanecer en casa a los independentistas pacíficos, la situación en Cataluña da un nuevo giro en términos de excepcionalidad impuesta por la activación del art. 155 de la CE. Tras la entrada en prisión de los imputados por rebelión, el presidente del Parlament suspendió la sesión para la segunda de la investidura de Turull, que podría haber significado el intento más claro de hacer aterrizar una situación que se complica cada vez más. Desde ERC y JxCat se filtra que se trabaja para que no haya nuevas elecciones en Cataluña y Torrent ha pedido que partidos y sociedad civil  se unan en un “frente unitario” porque “el Estado está convirtiendo a Cataluña en un laboratorio para poder perseguir a la disidencia en todo el país”.

La judicalización del Procés

La publicación del auto de procesamiento del juez Llarena confirma que el Gobierno central tiene poco margen de maniobra política, en un comienzo por desidia y ahora, seguramente, por incapacidad de revertir una situación que se ha ido de las manos hace mucho tiempo por la estrategia de Mariano Rajoy de dejar pudrir los problemas.

Viñeta de Manel Fontdevilla en eldiario.es

En 2012, Rajoy decidió no negociar nada amparándose en la profunda crisis económica y financiera. Tampoco lo hizo tras las primeras manifestaciones de que la cosa iba en serio, mientras se iba debilitando el vínculo entre Cataluña y el resto de España, situación que saltó por los aires definitivamente en los días previos y posteriores al referéndum del 1 de octubre, que pasará a la Historia como el momento en el que amplias capas de ciudadanos alentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a hacer lo que fuera necesario para mantener el orden en Cataluña. Una carta blanca que profundizó una desconexión de generaciones enteras de catalanes con la España de los «piolines» (en referencia al barco donde Interior decidió meter a los policías llegados del resto del país), sobre todo tras las cargas para evitar que se votara en los centros de votación.

La consecuencia directa del auto de procesamiento, además del encarcelamiento de la cúpula independentista, es la activación del art. 384bis de la LeCrim, que supone la suspensión automática como cargo público de los procesados por rebelión, de manera que se desvelaba la estrategia de la maquinaria del Estado para acabar con el Procés: De nuevo, se obvia la política para dejar al Poder Judicial el trabajo de eliminar a los dirigentes políticos que han encauzado la protesta desde la perspectiva de que, desactivados ellos, se tranquiliza la calle. Otra vez asistimos al mismo problema de diagnóstico que hemos visto durante estos años al entender el movimiento independentista como consecuencia de los desvaríos de unos representantes políticos y sociales con interés por fomentar la movilización para tapar vergüenzas propias.

A pesar de lo que pueda parecer, hay que repetirlo una vez más: En Cataluña había un problema político de primer orden que dio su primer aviso tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y que cristalizó como tal en la celebración de la Diada de 2012, cuando un amplio espectro de la sociedad catalana trazó el camino a los partidos políticos en relación a la independencia de Cataluña. Desde ese momento, Moncloa tuvo un interlocutor capaz de encauzar la confrontación en unos términos asumidos en el marco político e institucional. Artur Mas asumió ese papel que luego, en diciembre de 2015, se trasladó a Carles Puigdemont, que decidió cumplir el mandato de las urnas y preparar el camino para la independencia de Cataluña.

Cataluña ha puesto ante el espejo a casi todos, pero sobre todo a la izquierda. El seguidismo del PSOE a la estrategia del Gobierno, que se confirma con el silencio elocuente ante los acontecimientos que se suceden desde el jueves, se completa con la vía de agua que supuso para Unidos Podemos la posición equidistante respecto a lo que ocurría. A estas alturas, unos y otros han entendido perfectamente que España tiene un estrecho margen de reforma y que muchos españoles, también en la izquierda, comparten la idea de mano dura contra los intentos de secesión de una CCAA que, además, no figura precisamente en el top ten de las más apreciadas por el imaginario español.

En el centroderecha, parece que el debate se centra en quién exhibe más mano dura contra el independetismo y sus líderes, con un PP que está sudando para sacar adelante los PGE de este año (que ya cuentan con el no del PNV), mientras C’s sigue siendo el gran beneficiado en intención de voto, mientras aumenta la rumorología a propósito de un adelanto electoral.

En este contexto, Cataluña servirá para reducir la presión sobre Cristina Cifuentes, puesta en el punto de mira por recibir presuntamente el favor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hace unos días, el rector de la Universidad en la que se matriculan muchos de los cachorros del PP defendió la legalidad de la actuación respecto a la entonces delegada de Gobierno de Madrid; hoy, la universidad asume las dudas sobre cómo Cifuentes logró aprobar un máster presencial que la presidenta regional cursó sin asistir a clase, con dos asignaturas que figuraban como «no presentadas» y sin que haya rastro del examen fin de máster sin el cual es imposible conseguir el certificado académico.