La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, protagoniza desde hace tres semanas un culebrón informativo que tiene todos los elementos que definen el problema de ejemplaridad pública que arrastramos desde hace décadas por parte de gran parte de nuestros representantes políticos y su relación con las instituciones públicas, que a menudo manejan como si fuera su cortijo particular.

Después de tres semanas de bomba informativa diaria, que tuvo como colofón, este miércoles, la publicación de las actas, con firmas no reconocidas por sus autoras, que Cifuentes presentó el primer día para contrarrestar la información de eldiario.es a propósito de las irregularidades cometidas al cursar un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la presidenta regionals sale viva de su comparecencia en el Pleno de la Asamblea y confirma que nunca se planteó dimitir («Jamás me he planteado dimitir. ¿Por qué iba a hacerlo?»). En sede parlamentaria, defendió la legalidad de su máster al tiempo que su partido ha lanzado acusaciones contra la oposición parlamentaria, que no se ha mostrado especialmente dispuesta a pedir su cabeza a pesar del revuelo.

A pesar de los rumores, sólo queda constancia, en el momento de elaboración de este post, de que C’s pedirá una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en torno al máster de Cifuentes y su relación con la URJC y que el PSM tenía que reflexionar, durante las próximas horas, sobre la conveniencia de presentar una moción de censura contra la presidenta madrileña, entendemos que con Angel Gabilondo como candidato alternativo.

Todo ello a un año de las elecciones autonómicas y con las estrategias claras en los diferentes partidos. En el caso del PP, tras los primeros datos, que apuntaban a un caso más de «fuego amigo» (evidenciado por la propia María Dolores de Cospedal a través de su cuenta de Twitter), se ha dejado que Cifuentes desplegara su estrategia de ausencia vacacional y de defensa estos días, aunque dejaron claro que estaba sola. Después de su comparecencia se filtró que Cifuentes cuenta con el respaldo de Génova, que aseguró que sus explicaciones fueron convincentes y que les tranquiliza la posición de Ciudadanos.

La formación naranja, disparada en todos los sondeos, optó por proponer una comisión de investigación, que es la forma habitual de sepultar un asunto político que no se quiere abordar. Hasta el momento, C’s no ha dejado claro qué hará ante la presentación hipotética de una comisión de investigación, aunque se vislumbra que no está dispuesto a dar apoyo a un candidato alternativo con las elecciones a la vuelta de la esquina. Sí ha dejado claro que tiene poder para apuntalar o derribar el Gobierno popular en Madrid. Todo hace pensar que usará esta prerrogativa como mejor le interese, confirmando, de paso, que la nueva política iba de esto también.

En el centroizquierda, la vida sigue igual. Podemos ha alentado durante estos días la necesidad de derribar a Cifuentes pero, en el momento de su mayor debilidad política, su candidato a la Asamblea se encontraba en Bolivia. Sin Iñigo Errejón, su portavoz parlamentaria se centró en señalar que todo está muy mal, que las instituciones no aguantan un caso más y en pedir a C’s que se posicionara. Por su parte, el PSM deshojaba la margarita de la moción de censura mientras su secretario general avanzaba, horas antes, que esta vez sí.

Mientras, las tres semanas de escándalo informativo han dejado en evidencia varios puntos que conviene tener en cuenta:

• Una parte nada desdeñable de políticos profesionales españoles tienen un problema de «titulitis» considerable. Cifuentes, como delegada del Gobierno de Madrid en 2012 y como estrella emergente del PP en esta CCAA, no tenía ninguna necesidad de cursar un master para engrosar su curriculum. Sólo hay una explicación posible más allá de su interés por aumentar su formación académica (algo que en estos momentos está en duda): Era necesario cursar el máster para acceder al doctorado y, en el futuro, poder volver a la universidad pública como profesora y no como funcionaria técnica, que es su categoría actual.
• Cifuentes defendió que su máster es legal y que ella tuvo la califación que tuvo a pesar de las irregularidades en cuanto a su matriculación (tres meses después del plazo permitido); su asistencia a clase (ningún compañero la recuerda); o la defensa de su Proyecto fin de Máster (PFM), que no aparece por ningún sitio, tres semanas después de conocerse la primera noticia.
• Existen cuentas en Twitter ocupadas en destacar los TFM que se han presentado en los últimos años en la URJC. Hasta el momento, ni Cifuentes ni la Universidad han presentado el documento (que debería estar convenientemente registrado) ni siquiera un intercambio de correos entre el profesor encargado de dirigir el trabajo y Cifuentes. La versión oficial de la CAM fue la de que Cifuentes ha tenido tres mudanzas en su vivienda y que por eso no tiene localizado el trabajo. En tiempos de correos electrónicos, memorias USB o nubes.
• Las consideraciones de Cifuentes en sede parlamentaria nos hacen deducir que o bien Cifuentes recibió trato de favor o que la URJC ofrece a sus alumnos de Máster que tengan una ocupación remunerada muchas facilidades en su programa de posgrado para no asistir a las clases presenciales (obligatorias). Sobre todo, suponemos, si eres cargo del PP. Para el resto de los mortales, los estudios de posgrado presenciales requieren de un porcentaje mínimo de asistencia; para todo lo demás ya está la UNED, donde, entendemos, ni Cifuentes ni los dirigentes más jóvenes del PP cuentan con el favor de la institución o del profesorado.
• La publicación de información estos días ha dejado claro que entra dentro de la normalidad que existan problemas de transcripción en las notas y que éstas sean corregidas, a instancia de la universidad, dos años después de haberse hecho públicas las calificaciones. También que es normal que una asesora de Cifuentes se presente por casualidad en el campus de Alcorcón de la URJC el día de la publicación de las primeras informaciones.

En este punto, sólo queda que la URJC aclare todos estos puntos negros, algo que podría haber comenzado a hacer con la filtración, por ejemplo, de la noticia sobre la disparidad, digamos, entre las firmas de las profesoras del tribunal ante el que Cifuentes defendió su TFM y las que aparecen en el acta exhibida por Cifuentes el primer día del escándalo. Aunque sólo fuera por recuperar un poco del maltrecho prestigio de su nombre.

Por otra parte, cabe desear que alguien en Bruselas haya tomado buena nota de las prácticas de la URJC que ha reconocido Cifuentes en sede parlamentaria y que, como universidad pública inserta en el espacio Bolonia, se cuestionen acreditaciones y títulos para pasar a ser considerado un centro semiprivado que, presuntamente, regala títulos a personas concretas vinculadas, en principio, al PP.