Cristina Cifuentes es un cadáver político, aunque el PP sigue gestionando los tiempos de su caída. El nombre de la presidenta de la CAM, aplaudida por sus compañeros en la Convención nacional celebrada el fin de semana, ya no es mencionado por Mariano Rajoy, al que la polémica por el Mástergate le persigue en Argentina, donde se encuentra de visita oficial. En España, Génova ha tomado las riendas para intentar minimizar el desastre, especialmente después de que Ciudadanos presionara con la vía de Murcia como respuesta al mensaje lanzado en Sevilla de que el PP no entregaría más cabezas políticas.

Cifuentes, que este miércoles acudió a un acto organizado por la AVT tras declinar su presencia, vistió de negro, un color no muy habitual en su persona, mientras los medios de comunicación siguen mostrando las evidencias de, cuanto menos, la irregularidad de su caso, al que se sumaría el de otros miembros del PP de Madrid, que también cursaron el mismo máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde Pablo Casado, al que le convalidaron 18 de 22 asignaturas del máster cuando era presidente de Nuevas Generaciones, a Pedro Calvo y Dionisio Ramos, hombres fuertes del PP de Madrid desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón.

Mientras el rector de la Universidad promete que los implicados en el caso serán expulsados, se sigue estrechando el cerco sobre Cifuentes. Hace unos días, cinco de las seis personas cuyas firmas aparecían en el acta que presentó cuando estalló el escándalo confirmaron que no eran las suyas, algo que una de las profesoras encargadas del seguimiento el máster confirmó a la policía. Según su versión, Cifuentes no entregó el Trabajo Fin de Máster (TFM) ni tampoco lo defendió ante el tribunal, algo que incluso miembros del PP comienzan a asumir en público.

Viñeta de @EnekoHumor

Tras un fin de semana en el que el PP enfatizó su apoyo a Cifuentes al tiempo que se sucedían los ataques contra C’s, la formación naranja aceptó el farol y pidió públicamente que la presidenta de la CAM fuera reemplazada por otra persona como se hizo con el presidente de Murcia. Para casi todos, era la reacción normal ante una estrategia, la del PP, que parece cimentada en los tiempos y formas de la vieja política, cuando la pugna electoral se dividía entre PP y PSOE. Lo sorprendente, en este caso, ha sido ver cómo los cargos populares arremetieron con dureza contra el partido que les sostiene parlamentariamente en el Gobierno central y en buena parte de los gobiernos autonómicos.

Este miércoles, después de que Génova tomara las riendas de la negociación en lugar del PP de Madrid, C’s insistió en que Cifuentes «está acabada» y sugirió la posibilidad de apoyar la moción de censura presentada por el PSM en la Asamblea y que se debatirá, presumiblemente, a finales del mes de abril. En el momento de elaboración de este post, Génova fitlraba la posibilidad de dejar que C’s se retratara votando con Podemos a favor de la moción de censura, aunque eso implique perder la Comunidad de Madrid, la CCAA que, posiblemente, constituya la joya de la Corona que recuerda al anterior poder territorial popular.

Cifuentes ha confirmado que no se marchará por iniciativa propia y defiende que su título es legal, a pesar de que el TFM sigue sin aparecer por ningún sitio. Desde su entorno se filtró que sólo se marchará si Mariano Rajoy se lo pide, algo que podría terminar ocurriendo en los próximos días si tenemos en cuenta situaciones anteriores en las que Rajoy marcaba el camino de las dimisiones precisamente a partir de la estrategia de no mencionar a la persona implicada.

Minetras, el PP trata de cargar las tintas sobre el descontrol de la Universidad Rey Juan Carlos, a la que responsabiliza de las irregularidades que se están destapando y que han salpicado, no lo olvidemos, a la persona que sonaba estas semanas como el relevo de Cifuentes en la CAM en las próximas elecciones, Pablo Casado. Un mes después de saltar el escándalo, Génova ha tenido oportunidad para mejorar todos los errores cometidos y, a pesar de los argumentos insostenibles para cualquiera que haya cursado en una universidad pública española, Casado se empleó a fondo en una ronda de entrevistas en todos los medios y con la exhibición de sus trabajos de carrera en  un encuentro con periodistas. No pudo haber mayores diferencias en relación a la estrategia desplegada en torno a Cifuentes.

A pesar de los datos aportados por Casado, lo cierto es que, como manifestamos desde el comienzo, las informaciones apuntan, cada vez más, a una operación de trato de favor a políticos vinculados al PP en URJC, a la espera de que se sepa si dicha universidad se limitó a regalarles titulación sin más o si se facilitó esa titulación a cambio de un esfuerzo mínimo y a cambio de qué.

Somos conscientes de que puede parecer un problema menor en comparación con la última vuelta de tuerca de la justicia española en relación a la criminalización de la protesta social y política (en este caso en relación a los Comités de Defensa de la República en Cataluña, a los que la AN acusa de terrorismo) pero no lo es. La URJC y los cargos del PP salpicados por el caso de los títulos conseguidos de forma irregular suponen un torpedo en la línea de flotación de la igualdad de oportunidades y la meritocracia que ya casi sólo se puede atisbar en el acceso a la educación universitaria, antes vista como el único ascensor social en un país tan estratificado por clases como el nuestro.  Rubén Lodi lo explicó perfectamente desde su perfil de Facebook.