Durante la independencia de EEUU de Inglaterra, uno de los debates más interesantes de los llamados «padres de la Constitución» y de galaxias cercanas se centró en la representación política. A grandes rasgos, había dos consideraciones: Por un lado, estaban los que defendían que los representantes de los ciudadanos, en contextos de democracias, debían ser virtuosos y estar por encima de la media en términos intelectuales, de valores e incluso de vivencias. Por otro lado, había otro grupo que se centraba en la idea de que, tras la independencia, los representantes políticos debían ser lo más parecidos posible a la base política a la que iba a representar porque así entendería sus problemas y centraría su acción política en llevar esos problemas a las instituciones.

Finalmente, la segunda opción fue la que se fue asentando en todos los países que adoptaron sistemas de democracia representativa, un debate que, por ejemplo, vimos en la pantalla con la construcción del personaje de Josiah Bartlet en la serie The West Wing. El líder demócrata sobresalía claramente y llegó a la Casa Blanca con un Nobel en Economía bajo el brazo y con unos valores muy firmes que se fueron modulando durante la serie por «razón de Estado».

Esta introducción nos sirve para abordar la polémica de la semana: La compra de una vivienda valorada en 600.000 euros por Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, un pueblo en la sierra norte de Madrid con poco más de 30.000 habitantes. El municipio, gobernado por el PP, está situado a 40 km de la capital y constituye un cambio radical de estilo de vida en comparación con Rivas Vaciamadrid y Vallecas, lugares de residencia de la pareja hasta este momento.

A las 48 horas de que saltara la noticia, hicieron público un comunicado en el que confirmaban la compra y hacían público que habían pedido un préstamo de 540.000 euros que pensaban pagar con los sueldos de ambos a 30 años, en un ejercicio de trilerismo: En el comunicado se habla de la cantidad recibida como si estuviera exento de intereses y de otros gastos (impuestos, gastos de registro, mantenimiento de la vivienda, etc). Sin embargo, lo mejor fue la justificación de la compra con motivo de ganar privacidad para la crianza de sus hijos en el futuro en el campo, en lo que parece una constatación de que la vida en los barrios está bien cuando no queda más remedio pero es alérgica cuando tienes opciones económicas para salir corriendo del lado de «tu gente».

La noticia, que recuerda a la polémica sobre la vivienda de Pilar Zabala en las elecciones autonómicas vascas de 2016, se convirtió en un bumerán contra Iglesias y Montero por sus postulados contra la «casta» que se aísla en entornos privilegiados y que se encuentra fuera de la realidad que pretenden gobernar. Así, se han recuperado mensajes de Iglesias contra Luis de  Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros en 2012 «para especular» y otro en el que se preguntaba cómo se podría dar la confianza de las cuentas públicas a «un millonario». También se han rescatado sus afirmaciones en entrevistas señalando que le gustaba Vallecas y que no se imaginaba viviendo en otro sitio, o sus diatribas contra el aislamiento de los políticos.

«No nos gustan los pijos, y creo que a partir del 24 podemos limpiar de pijos las instituciones, (…) que haya gente normal, gente sencilla, gente que se bajará el sueldo, que dará la cara por la gente». «Me ofende mucho que haya gente que lleve trajes que cuesten lo que un trabajador tarda cinco o seis meses en ganar». «Las mejores vistas de Madrid están aquí en Vallecas (…) Me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es el transporte público, que no saben lo que cuesta un café».

Ejemplaridad y renovación de élites

De fondo, el debate vuelve a girar en dos ejes que confluyen entre sí: La renovación de las elites políticas en España a la fuerza y la ejemplaridad. Así, la idea de entornos privilegiados fue detectada claramente durante el 15M, con una efectiva traslación de los de abajo (el 99%) frente a un 1%, los de arriba, que eran los que habían llevado al país al rescate parcial y al sacrificio de las generaciones más jóvenes con una devaluación salarial que hoy es un hecho.

Eran tiempos en los que se hablaba de una minoría al servicio del capital y de unos partidos políticos entregados a legislar en contra de la mayoría social, un discurso que en 2014 cristalizó en el marco de «la casta» política y financiera, con Iglesias como principal altavoz de una crítica compartida por amplias capas de la sociedad. El mensaje parecía claro: Nuestros representantes no vivían en nuestros barrios, no sufrían las consecuencias de la crisis económica y de una degradación de los servicios públicos auspiciada con sus políticas ni, en definitiva, conocían el contexto social. Eso se traducía en un alejamiento claro, cuando no ruptura, del consenso de la democracia representativa que todavía arrastramos.

Tras la protesta de los años 2011 y 2012, la calma. Por primera vez desde hacía muchos años, parecía que Podemos podía ser el partido que mejor representaba los intereses de la ciudadanía por la propia procedencia de sus dirigentes: Apenas había politicos profesionales y, aunque muchos habían sido activistas o militantes de formaciones políticas de izquierda, ésta era su primera experiencia política en la liga de los mayores. Ése fue el éxito de Podemos, que construyó su avance en gestos simbólicos que ahora se les vuelven en contra: La limitación salarial y de tiempos en el cargo (que ya se ignoró en el caso de Ramón Espinar), el uso de servicios públicos como manera de conectar con la mayoría social o la construcción de referentes de barrio que se van deshaciendo con el tiempo, al menos en Madrid.

Ese marco de renovación de elites, que llegó de la mano de Podemos y a la que luego se sumó C’s, conectó directamente con asuntos tan desagradables en un país como España como la ejemplaridad o la coherencia personal con los postulados políticos. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a que nuestros representantes políticos defendieran algunos postulados en público, en función del momento electoral, y luego actuaran de manera contraria. Así, vivían a las afueras (con especial predileccióm por Pozuelo, Majadahonda o Las Rozas) y llevaban a sus hijos a escuelas privadas o concertadas mientras se abrían planes de pensiones privados, no pisaban el transporte público o se convertían en clientes de la sanidad privada. Todo ello mientras enarbolaban un discurso a favor de los servicios públicos o ponían en marcha campañas de propaganda.

En definitiva, habíamos confirmado que en general nuestros representantes políticos no se parecían demasiado al común del electorado pero tampoco sobresalían especialmente en valores democráticos o intelectuales, como han venido a confirmar los problemas que algunos dirigentes del PP tienen con su expediente académico. La elección de Iglesias y Montero, lícita en lo personal e infumable desde el punto de vista de la estética política, viene a confirmar las consideraciones en torno a los postulados de la nueva política, que no disiente mucho de la vieja política: Somos parte de la elite y como tal nos merecemos salir de Vallecas, que sólo está bien si eres un muerto de hambre, y acceder a entornos privilegiados a los que accedemos por nuestros sueldos obtenidos como políticos profesionales.

Los afines a Podemos defienden la diferencia en cuanto a la reacción y hablan de transparencia, mientras se denuncia se han silenciado las críticas internas: Los dirigentes de izquierda pueden hacer lo que quieran con su dinero y no tienen por qué vivir debajo de un puente, lo que confirma la consideración que tienen de Vallecas o Rivas. Asimismo, señalan que ambos dirigentes han hablado de cifras y adquieren esta vivienda con una hipoteca que una entidad les ha otorgado a pesar de su inestabilidad laboral. Ambos son diputados en esta legislatura pero nada garantiza que en dos años vuelvan a repetir en el cargo, salvo que lo tengan todo atado y bien atado. Como metáfora de la burbuja inmobiliaria de la que ya se está alertando no está mal. Tampoco plantea dudas sobre el erial político que van a dejar.