Lo avisamos en los días posteriores al referéndum del 1 de octubre: El resultado de la movilización y de la participación a pesar de la represión ordenada desde Madrid hurtaba de legitimidad a cualquier intento de la Generalitat de proclamar la independencia unilateral de Cataluña. La evidencia obligaba a preparar una plataforma de aterrizaje para dar salida a un conflicto que ha consumado el exilio de Carles Puigdemont y de varios de sus consellers y la prisión para el resto de su último Govern. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha convertido en la persona llamada a liderar la fase de destensión política necesaria para preparar la salida de un conflicto que sigue enquistado.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que primero ninguneó las peticiones políticas que llegaron desde Barcelona, en la celebración de la Diada de 2012, lo fió todo a una solución judicial que dejó descabezado toda la esfera política del Procés y que evidenció el riesgo de carecer de interlocutor con el que negociar y, segundo y más importante, capaz de controlar a su propia gente. La propia morfología del independentismo catalán, que ha hecho un enorme esfuerzo por proyectarse como un movimiento pacifista y, sobre todo, en positivo, ha evitado que la reclamación política derive en situaciones de violencia. Nadie puede garantizar que, de seguir el bloqueo político, la situación vaya a mantenerse de la misma manera.

En la esfera emocional y social, sigue la desconexión de amplias capas de catalanes (también de no independentistas) con España y lo que significa. No ayudan a revertir la situación los análisis de trazo grueso que ponen el énfasis en el supuesto carácter violento de la movilización independentista o de un teórico racismo que casa mal con la presencia de castellanoparlantes o extranjeros residentes en Cataluña en las protestas. La ruptura de la convivencia en Cataluña (percepción que queda muy matizada sobre el terreno) sí ha tenido una consecuencia directa en el resto del país: La sima creciente entre el resto de la población española y Cataluña que comenzó con el grito de «a por ellos» y que se percibe en cualquier conversación fuera de Cataluña que se refiera a lo que ocurre allí.

Desde el pasado mes de octubre pero, sobre todo, desde comienzos de año, existen diferentes movimientos para asegurar la plataforma de aterrizaje de la que venimos hablando, algo que han reconocido pesos pesados de ERC con declaraciones y gestos. Sobre todo cuando se ha constatado que, por un lado, Cataluña sigue siendo un foco de atracción de riqueza económica, que la Generalitat quiere potenciar con el retorno de las sedes sociales de las grandes empresas que se marcharon en las semanas posteriores al referéndum. Y, por otro, que el electorado catalán tiene un comportamiento bastante estable respecto a sus aspiraciones electorales, como se confirmó en los comicios celebrados el pasado mes de diciembre. También respecto al malestar por el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado.

En este contexto de aparente deshielo, cobran más relevancia las palabras de Clara Ponsatí reconociendo que la Generalitat iba de «farol» en la proclamación de la independencia de Cataluña. Sus afirmaciones nos llevan, de nuevo, a plantear la responsabilidad de unos representantes políticos que, simplemente, se sumaron a la ola de protesta que fue cristalizando desde la sentencia del TC sobre el Estatut. Este 11 de septiembre podremos comprobar el nivel de desconexión entre los representantes políticos y el movimiento independentista, que sí que parece haber asumido que estamos ante un proceso más largo de lo que se creía en un principio.

Vuelve la política entre Madrid y Barcelona

Este lunes, mes y medio después de tomar posesión del cargo, el presidente del Gobierno recibió el presidente de la Generalitat en lo que parece el inicio del deshielo de las relaciones entre Madrid y Barcelona, prácticamente rotas desde 2014. El signo de los nuevos tiempos hace pensar en un intento de aterrizar las aspiraciones máximas del independentismo, aunque Quim Torra defendiera tras su reunión con Pedro Sánchez el derecho de autodeterminación como el cauce para dar salida política a las aspiraciones del pueblo catalán.

Para comenzar, Torra señaló que Sánchez había asumido que estamos ante un problema político y que había establecido una diferencia clara entre la vía política y la judicial. En ese sentido, el presidente del Govern habló de cambios en la judicialización del Procés en consonancia con el nuevo ciclo abierto: «Hay muchos entes judiciales y políticos que tienen incidencia sobre la libertad de la gente. Esperamos ver cómo se mueven estos entes». Sobre la mesa sigue siendo un tema prioritario la excarcelación de los Jordis, de Oriol Junqueras y del resto de consellers del Govern de Puigdemont, en prisión preventiva por la ejecución del referéndum.

Por su parte, el Gobierno central rechazó la vía de la autodeterminación como relato y, a cambio, siguió con su política de gestos, que comenzó con las propias cuentas oficiales de La Moncloa y de Sánchez. Ambas difundieron tuits en catalán sobre la reunión y la vicepresidenta, Carmen Calvo, avanzó que se retomaría el deshielo entre ambos Gobiernos a través de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Además, confirmó que el Ejecutivo retiraría los recursos que el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso ante el TC contra varias leyes sociales catalanas.

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Ambas delegaciones hablaron de un encuentro cordial, «fluido» y «muy educado»; nada que ver con los apelativos de «racista» que Sánchez vertía contra Torra en los días previos a la presentación de la moción de censura que le convirtió en presidente del Gobierno, o con la presencia de Calvo entre los representantes políticos que decidieron la activación del art. 155 de la CE en Cataluña.

Así, el Gobierno y la Generalitat parecen más interesados en comenzar un nuevo tiempo que, sobre todo, deja en evidencia al Ejecutivo de Rajoy. Hasta el momento, más allá de las declaraciones, no hay cambio en lo esencial desde Madrid; tampoco desde Barcelona, pero parece que, en estos momentos, que no haya tensión evidente ya es un punto a favor.

Por cierto  el buen tono del encuentro, fuertemente contestado desde C’s y el PP, seguirá este jueves con la reunión de la vicepresidenta, Carmen Calvo, con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el seno de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, y en sucesivas reuniones, entre ellas las de la la ministra de Políticas Territoriales, Meritxell Batet, y el conseller de Exteriores, Ernest Maragall.