Este martes se abría la posibilidad de que el conflicto catalán entrara en una nueva fase de negociación. Tras las primeras reuniones de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, dirigidas a desatascar la ruptura existente especialmente desde 2012, Moncloa plantea como opción crear una mesa de diálogo de partidos catalanes sobre «el futuro político de Cataluña». Esta mesa de diálogo, creada para buscar una vía política para salir del atolladero en el que se ha convertido la cuestión catalana, podría contar con la tercera figura, la de un «notario» (idea de Miquel Iceta),  «coordinador» o «relator» (declaración de Carmen Calvo) o «facilitador» (nomenclatura matizada por Moncloa tras conocerse las primeras reacciones negativas a esta figura).

Carmen Calvo se refería a esa figura en estos términos: «No, no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley (…) Alguien que sea capaz de decir, ‘nos convocamos, tomo nota de lo que vamos hablando’, un poco la figura de lo que hace un relator en el Congreso, alguien que entiende lógicamente de política, no vamos a sentar a alguien ajeno a la situación de Cataluña en España».

La propia vicepresidenta del Ejecutivo puntualizó este miércoles que la propuesta de circunscribe a Cataluña; es decir,  no hablamos de un foro de partidos españoles con presencia del PSOE y Podemos, tal y como se pide desde Cataluña. En la práctica, nos encontramos con el enésimo problema de comunicación creado por el propio emisor del mensaje, el Gobierno central, incapaz de medir las consecuencias de un anuncio de este tipo a una semana de que arranque el juicio en el TS contra los acusados del Procés y a pocos meses de unas elecciones autonómicas en las que, según temen los barones socialistas, el electorado puede volver a votar con el tema catalán muy presente.

Más contexto. El anuncio se realiza en un contexto de dudas ante la posición defendida por Pedro Sánchez respecto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en un giro a la posición del PSOE tradicional respecto al funcionamiento interno de los países Iberoamericanos, cuando se constata que la crisis interna de país no desembocará en la deposición de Nicolás Maduro por la fuerza de la calle. No ayuda tampoco que se hiciera pública la iniciativa un día después de que ERC anunciara una enmienda a la totalidad a los PGE que Pedro Sánchez remitió al Congreso, posición que no modificará con la iniciativa del relator.

El Gobierno, con sus sucesivas matizaciones, asumió la idea de que el lenguaje no es neutral y que la figura del «relator», como experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos, está cargado de significado. La prueba es que, a pesar del intento de Moncloa de extender la idea de «facilitador», en el momento de elaboración de este post se había asentado la figura del relator como la definición más ajustada a la figura impulsada desde el Gobierno central, que ha puntualizado que esa figura no tiene nada ver con la de un mediador internacional y que ha de ser de nacionalidad española (en algunos medios se hablaba del PNV como figura independiente).

Por el momento, se ha recortado desde el Gobierno la trascendencia de una propuesta que ha contado con el apoyo de Podemos y la crítica frontal de C’s y PP (que ha llegado a sugerir sin mencionarlo la opción de presentar una moción de censura contra Sánchez), acompañados como siempre de las principales cabeceras editadas en Madrid, que vuelven a cargar las tintas con las palabras «humillación» o «rendición» del Estado a los postulados independentistas.

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En esta línea, cargos destacados del PSOE, como Soraya Rodríguez o Emiliano García-Page, se pronunciaron en contra de la propuesta del Gobierno en lo que parece una nueva reapertura de las hostilidades contra el sanchismo en un intento nada disimulado de evitar que las propuestas de Moncloa respecto a Cataluña afecten a los intereses electorales de los territorios en los que el partido se la juega en mayo. De paso, se constata la inexistencia de comunicación entre la labor de Moncloa y Ferraz, por no hablar de la sensación extendida de que las federaciones se enteran de las iniciativas que impulsa Sánchez por los medios de comunicación.

CODA. Respecto a la posición de España (y de la UE) respecto a Venezuela, recomendamos encarecidamente la lectura del análisis que Pascual Serrano realiza para eldiario.es  en relación a la posición defendida por los medios españoles. De nuevo, Venezuela vuelve a ser el espejo donde nos miramos mientras se consuma la idea de que es posible promover golpes de Estado desde el exterior contra gobiernos legítimos que nos -nos gustan, como ocurrió en Honduras con el Ejecutivo de Manuel Zelaya.

CODA 2. Como los despropósitos no vienen solos, este martes Moncloa anunció que por primera vez un presidente del Gobierno español publicará un libro de memorias mientras ocupa el cargo.

El libro, que no ha escrito él, se presentará el día 19 y se centra en el relato de héroe caído triunfador construido en torno a la figura de Sánchez desde que dimitió como secretario general del PSOE  por la presión de la mitad del Comité Federal del partido.

El presidente del Gobierno ha firmado un contrato con Planeta del que aún se desconocen los detalles. Por ese motivo, deberá inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se traten asuntos relacionados con la propiedad intelectural en la que Planeta tenga intereses. Un negocio redondo.