Sobre el debate libertad/seguridad

Al igual que el concepto amigo/enemigo (Carl Schmitt), uno de los lugares recurrentes de la Ciencia Política tiene que ver con la relación entre la libertad y la seguridad en los Estados democráticos, con raíz liberal, una relación que no siempre ha sido idílica por el predominio de uno sobre el otro (en general, de la seguridad sobre la libertad, entendiendo que si se cargan las tornas en este segundo aspecto la convivencia podría quedar afectada por la deriva de la libertad en libertinaje.

A pesar de la vigencia del debate, a menudo se pasa por encima del origen del mismo, en una de las aportaciones que Europa realiza en la Historia de la construcción de los Estados modernos. A partir del siglo XVII, desde el liberalismo, la construcción estatal ha ido de la mano del debate, a veces confluyente, a veces contradictorio, sobre la relación entre la libertad y la seguridad, en la línea de hacer compatibles ambos derechos de manera simultánea, para lo que hay que recurrir a los padres fundadores: Thomas Hobbes y John Locke.

Hobbes (1588-1679), que vivió la guerra civil inglesa, escribió el Leviatán (1651), uno de los textos más influyentes en la práctica filosófica y política de las sociedades occidentales. Se abrazó a una visión negativa del hombre (“el hombre es un lobo para el hombre”) y, consecuentemente, definió la realidad social como un permanente estado de guerra, en el que el Estado carece de Gobierno. Ante esta situación, a través de un contrato, los individios acuerdan la formación de un Estado fuerte, centralizado, al que se le cede buena parte de la soberanía, que permite superar el estado natural y que daría lugar a un tipo de sociedad basada en la contención de la inclinación al abuso. Eso permitiría adoptar medidas que garantizarían una situación de paz social y la seguridad, siendo éstos los puntos clave a salvaguardar, porque de su cumplimiento se derivan otros valores que enlazan con el liberalismo como doctrina política (desarrollo de los derechos a la propiedad privada, a la libertad, a la igualdad, a la integridad personal, etc).

John Locke (1632-1704), en sus Tratados sobre el gobierno civil (especialmente el segundo, publicado en 1662), entiende el Estado como la garantía de la libertad individual. Puesto que el poder tiende al abuso, se abogará y facilitará la separación de poderes, con el fin de no anular individuo, que podrá desarrollar el impulso inicial a la materialización del derecho a la propiedad privada, a la libertad religiosa y a todo el catálogo de derechos de la primera generación que implanta el liberalismo como doctrina política. Baste señalar que las teorías de Locke tuvieron una repercusión directa en la independencia de EEUU .

A partir del siglo XVIII, el debate sobre la arquitectura del Estado contemporáneo ha vivido en el equilibrio permanente entre ambos principios, con suerte desigual. El 11-S puso de manifiesto que los ciudadanos estuvieron dispuestos a renunciar a buena parte del desarrollo de los principios derivados del principio de libertad para asegurar la seguridad frente al terrorismo de corte islamista. Gracias a ese mandato, desde los poderes públicos se dio permiso a la intervención del correo -sobre todo el electrónico-, la  grabación de conversaciones telefónicas, el endurecimiento de las condiciones para acceder a los Estados, la vigilancia en aeropuertos, aceptación de limbos legales como Guantánamo, la suspensión de la Convención de Ginebra en función de las circunstancias, defensa de la teoría del mal menor [Michael Ignatieff, El mal menor], que plantea la posibilidad de actuar fuera de la legalidad para proteger el interés público, el bienestar social y esas grandes ideas que utilizan lo público en beneficio propio.

Con el debilitamiento de Al Qaeda, se relajó también toda la doctrina que justificó que la balanza cayera del lado de la seguridad, al menos hasta que estalló la crisis económica. A partir de ese momento, se han puesto en circulación ideas como la “paz geoeconómica” (Lluis Bassets en El País hace unos días), lo que conlleva la existencia de una “guerra geoeconómica”, el análisis de las tácticas de “guerra económica”, los ataques especulativos a las deudas soberanas sin que nadie pueda evitarlo, aparentemente, la idea inicial de un mundo dividido por regiones económicos que sirvan de germen para uniones políticas en bloques geográficos, etc.

Al mismo tiempo, los efectos de la crisis ha propiciado un aumento de la conflictividad social en los países que están sufriendo más directamente los rigores de la crisis económica y su derivada hacia una crisis institucional y sistémica, como ha pasado en Grecia y, en los últimos meses, en España.

Una facción importante del PP se ha presentado como heredero del liberalismo, aunque en post anteriores ya intentamos clarificar que esta marca se aplica más a la vertiente económica y de valores, lo que hace que, salvo excepciones, las familias que forman el PP beban de las fuentes del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Desde esta óptica, se entiende perfectamente que el debate sobre la libertad y la seguridad en España se incline a favor de la seguridad, pues eso es lo que sustenta una determinada concepción de la propiedad privada y de la actividad económica, que vienen separadas de la perspectiva moral y al margen de la consecución de los derechos políticos de primera y segunda generación.

El PP cumple ocho meses en el Congreso y, de acuerdo con el concepto amigo/enemigo, ya ha señalado a los que, a priori, no pertenecen a la categoría schmittiana de amigos:

  • Funcionarios, a los que se les ha aplicado rebajas salariales al mismo tiempo que se ha incrementado sus horas lectivas (Esperanza Aguirre fue una de las primeras dirigentes del PP en sugerir que trabajaban poco)
  • Parados, a los que se incentiva a buscar trabajo a través de la reducción de la prestación por desempleo (lo que lleva implícita la idea que miembros del PP, entre ellos Mariano Rajoy, entiende que en términos generales los desempleados presentan altas dosis de desidia)
  • Mineros, a los que se ha tachado de privilegiados por los medios afines al PP;
  • En general, a los que se manifiestan contra los recortes del Gobierno y que, por lo tanto, no forman parte de la “mayoría silenciosa” a la que le gusta referirse a Fátima Báñez, ministra de Empleo.

También sigue plenamente vigente el debate sobre el predominio de la libertad sobre la seguridad, y viceversa, y en estos tiempos de malestar social tenemos varios ejemplos al respecto:

El Congreso sigue siendo un búnker

La Cámara Baja lleva tomada por la policía desde el viernes pasado. Desde entonces, está rodeada por un número indeterminado de furgones de las unidades de intervención (antidisturbios) y agentes de la policía nacional impiden el tránsito por las calles aledañas y/o identifica a los transeúntes.

Todos los grupos parlamentarios han pedido que se levante el cerco al Congreso, medida que ha sido rechazada una y otra vez en aras de la seguridad. Hoy, el ministro del Interior, ha defendido el dispositivo policial para evitar las protestas por los recortes del Gobierno y ha dicho que es “el más adecuado para cumplir con el mandato constitucional”. Jorge Fernández Díaz ha recordado que el Código Penal tipifica como delito las manifestaciones ciudadanas cuando hay sesión plenaria.

Ya hemos señalado la imagen de situación excepcional que ofrece un Parlamento en el que los diputados están debatiendo y votando medidas que van contra buena parte de la ciudadanía rodeado por los agentes de la policía, que ganan visibilidad en cuanto a detentadores del monopolio de la violencia legítima del Estado (Max Webber).

Criminalización de la protesta

El Pleno del Congreso aprobará una moción que presenta CiU sobre seguridad ciudadana: propone que se tipifique la violencia urbana como delito y se modifique la Ley reguladora del derecho de reunión para lograr “una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas” [Hemos seleccionado algunos extractos. Aquí el contenido completo de la Moción de CIU]

Desde hace unos meses, la Generalitat catalana y el partido que la sustenta, CIU, vienen alimentando la serpiente sobre las manifestaciones que derivan en disturbios, como los ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo, y que, desde entonces, no se han vuelto a repetir.

Durante aquellos días, desde el Gobierno central y el Govern plantearon la posibilidad de refomar el Código Penal para proteger el derecho a manifestacion mediante la implantación de la prisión provisional como medida cautelar y la prohibición de elementos de “especial peligrosidad”, como la ocultación de identidad o la posesión de material de alto riesgo o de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales.

Las imágenes de los disturbios de Barcelona pusieron el foco sobre colectivos a los que los medios tacharon de “antisistema”, que, como cualquier otro grupo humano, muestran su identidad a través de la vestimenta. Es tal el debate que se plantea, y no sólo en España, que se ha llegado a plantear una reflexión sobre la señalización de colectivos en función de su estética, señalización que conlleva ciertas dosis de criminalización [para conocer más al respecto, ver el siguiente enlace de SModa de El País a propósito del uso del hoodie -jersey con capucha-: http://cort.as/2F7i]

La polémica se generalizó cuando se conoció que el Ministerio de Interior planteaba la posibilidad de regular como delito la resistencia pasiva  -como la que desgranaron muchos de los integrantes del movimiento 15M durante la primavera y el verano de 2011-. Aquello se aparcó temporalmente, pero, como tiene un trasfondo ideológico, existe el temor bien fundado de que se plantee de nuevo (igual que la convocatoria a manifestaciones no autorizadas a través de redes sociales), quizás conscientes del aumento de la conflictividad social que se avecina como respuesta a los recortes impulsados desde la Generalitat catalana y, para el conjunto del Estado, por parte del Gobierno de Rajoy.

El Grupo Popular ya confirmó que apoyaría la  moción de CiU, que aboga por una nueva definición del delito de “alteración del orden público” y del delito de atentado a la autoridad, además de la modificación del Código Penal para poner freno a la difusión de información, por las vías telemáticas existentes, que tenga persigan organizar y promover la participación en acciones de alteración de orden público.

Sabotajes entre los responsables de la seguridad

Un centenar de vehículos de la Unidad de la Política de Intervención (antidisturbios), entre los que se encuentran 30 furgones, aparecieron esta mañana en la comisaría de Moratalaz con las ruedas pinchadas o desinfladas, como se puede comprobar en las fotografías que el portavoz del SUP; José Manuel Sánchez Fornet, ha difundido a través de su cuenta en Twitter (@sanchezfornet).

El hecho de que la acción haya ocurrido dentro de instalaciones a las que sólo puede acceder personal debidamente identificado hace pensar en un sabotaje por parte de algunos agentes de la policía, disconformes con los recortes. La dirección de la policía nacional ha anunciado la apertura de una investigación para intentar descubrir lo ocurrido.

#ResistenciaMinera

Después de lo ocurrido en Pola de Lena hace unos días, parecía que la manera en la que los FSCE encaraba el conflicto minero transitaba por una senda distinta. No ha sido así. Anoche, desde Twitter llegaron informaciones sobre una protesta que pasaba por cortar la A-6 y la Nacional VI a la altura de San Román de Bembire, en León.

Pasada la medianoche, las redes volvían a ser el altavoz desde el que se contaba que los antidisturbios de la Guardia Civil estaban fuera de la localidad, límites que traspasaron poco después para enfrentarse a los mineros dentro del núcleo de población.

La noche se saldó con tres detenidos (que eleva el número de detenidos en acciones de los mineros en la provincia de León a 30 durante los más de dos meses que dura el conflicto, 50 de ellos en forma de huelga indefinida)

Como viene siendo habitual también, el silencio de los medios generales ha sido unánime, y sólo la Cadena SER ha dado cuenta de lo ocurrido en Bembire (la emisora local de SER León fue una de las primeras en informar sobre lo que ocurría). Adjuntamos el siguiente enlace  [http://cort.as/2F5A ] por si se quiere obtener más información y emplazamos a los interesados a seguir las cuentas de Twitter habituales para conocer la narración de los hechos.

El Congreso y las mujeres de los mineros

Esta última acción de los mineros puso fin a un día para olvidar en el que quedó absolutamente claro que el debate entre libertad y seguridad en España no existe, y que desde los poderes públicos se prefiere proteger la seguridad por encima de cualquier otra consideración.

Ayer se pudo ver a las mujeres de los mineros en Madrid, donde fueron recibidas por diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Las mismas mujeres contaron luego que antes de entrar en el Congreso les obligaron a bajarse los pantalones hasta las rodillas y a quedarse en sujetador, con el objetivo de ser registradas y confirmar que no portaban criptonita que pudiera afectar a sus señorías.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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