Al igual que el concepto amigo/enemigo (Carl Schmitt), uno de los lugares recurrentes de la Ciencia Política tiene que ver con la relación entre la libertad y la seguridad en los Estados democráticos, con raíz liberal, una relación que no siempre ha sido idílica por el predominio de uno sobre el otro (en general, de la seguridad sobre la libertad, entendiendo que si se cargan las tornas en este segundo aspecto la convivencia podría quedar afectada por la deriva de la libertad en libertinaje.

A pesar de la vigencia del debate, a menudo se pasa por encima del origen del mismo, en una de las aportaciones que Europa realiza en la Historia de la construcción de los Estados modernos. A partir del siglo XVII, desde el liberalismo, la construcción estatal ha ido de la mano del debate, a veces confluyente, a veces contradictorio, sobre la relación entre la libertad y la seguridad, en la línea de hacer compatibles ambos derechos de manera simultánea, para lo que hay que recurrir a los padres fundadores: Thomas Hobbes y John Locke.

Hobbes (1588-1679), que vivió la guerra civil inglesa, escribió el Leviatán (1651), uno de los textos más influyentes en la práctica filosófica y política de las sociedades occidentales. Se abrazó a una visión negativa del hombre («el hombre es un lobo para el hombre») y, consecuentemente, definió la realidad social como un permanente estado de guerra, en el que el Estado carece de Gobierno. Ante esta situación, a través de un contrato, los individios acuerdan la formación de un Estado fuerte, centralizado, al que se le cede buena parte de la soberanía, que permite superar el estado natural y que daría lugar a un tipo de sociedad basada en la contención de la inclinación al abuso. Eso permitiría adoptar medidas que garantizarían una situación de paz social y la seguridad, siendo éstos los puntos clave a salvaguardar, porque de su cumplimiento se derivan otros valores que enlazan con el liberalismo como doctrina política (desarrollo de los derechos a la propiedad privada, a la libertad, a la igualdad, a la integridad personal, etc).

John Locke (1632-1704), en sus Tratados sobre el gobierno civil (especialmente el segundo, publicado en 1662), entiende el Estado como la garantía de la libertad individual. Puesto que el poder tiende al abuso, se abogará y facilitará la separación de poderes, con el fin de no anular individuo, que podrá desarrollar el impulso inicial a la materialización del derecho a la propiedad privada, a la libertad religiosa y a todo el catálogo de derechos de la primera generación que implanta el liberalismo como doctrina política. Baste señalar que las teorías de Locke tuvieron una repercusión directa en la independencia de EEUU .

A partir del siglo XVIII, el debate sobre la arquitectura del Estado contemporáneo ha vivido en el equilibrio permanente entre ambos principios, con suerte desigual. El 11-S puso de manifiesto que los ciudadanos estuvieron dispuestos a renunciar a buena parte del desarrollo de los principios derivados del principio de libertad para asegurar la seguridad frente al terrorismo de corte islamista. Gracias a ese mandato, desde los poderes públicos se dio permiso a la intervención del correo -sobre todo el electrónico-, la  grabación de conversaciones telefónicas, el endurecimiento de las condiciones para acceder a los Estados, la vigilancia en aeropuertos, aceptación de limbos legales como Guantánamo, la suspensión de la Convención de Ginebra en función de las circunstancias, defensa de la teoría del mal menor [Michael Ignatieff, El mal menor], que plantea la posibilidad de actuar fuera de la legalidad para proteger el interés público, el bienestar social y esas grandes ideas que utilizan lo público en beneficio propio.

Con el debilitamiento de Al Qaeda, se relajó también toda la doctrina que justificó que la balanza cayera del lado de la seguridad, al menos hasta que estalló la crisis económica. A partir de ese momento, se han puesto en circulación ideas como la «paz geoeconómica» (Lluis Bassets en El País hace unos días), lo que conlleva la existencia de una «guerra geoeconómica», el análisis de las tácticas de «guerra económica», los ataques especulativos a las deudas soberanas sin que nadie pueda evitarlo, aparentemente, la idea inicial de un mundo dividido por regiones económicos que sirvan de germen para uniones políticas en bloques geográficos, etc.

Al mismo tiempo, los efectos de la crisis ha propiciado un aumento de la conflictividad social en los países que están sufriendo más directamente los rigores de la crisis económica y su derivada hacia una crisis institucional y sistémica, como ha pasado en Grecia y, en los últimos meses, en España.

Una facción importante del PP se ha presentado como heredero del liberalismo, aunque en post anteriores ya intentamos clarificar que esta marca se aplica más a la vertiente económica y de valores, lo que hace que, salvo excepciones, las familias que forman el PP beban de las fuentes del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Desde esta óptica, se entiende perfectamente que el debate sobre la libertad y la seguridad en España se incline a favor de la seguridad, pues eso es lo que sustenta una determinada concepción de la propiedad privada y de la actividad económica, que vienen separadas de la perspectiva moral y al margen de la consecución de los derechos políticos de primera y segunda generación.

El PP cumple ocho meses en el Congreso y, de acuerdo con el concepto amigo/enemigo, ya ha señalado a los que, a priori, no pertenecen a la categoría schmittiana de amigos:

• Funcionarios, a los que se les ha aplicado rebajas salariales al mismo tiempo que se ha incrementado sus horas lectivas (Esperanza Aguirre fue una de las primeras dirigentes del PP en sugerir que trabajaban poco)
• Parados, a los que se incentiva a buscar trabajo a través de la reducción de la prestación por desempleo (lo que lleva implícita la idea que miembros del PP, entre ellos Mariano Rajoy, entiende que en términos generales los desempleados presentan altas dosis de desidia)
• Mineros, a los que se ha tachado de privilegiados por los medios afines al PP;
• En general, a los que se manifiestan contra los recortes del Gobierno y que, por lo tanto, no forman parte de la «mayoría silenciosa» a la que le gusta referirse a Fátima Báñez, ministra de Empleo.

También sigue plenamente vigente el debate sobre el predominio de la libertad sobre la seguridad, y viceversa, y en estos tiempos de malestar social tenemos varios ejemplos al respecto:

→ El Congreso sigue siendo un búnker