Objetivo cumplido. Después de dos semanas, en las que medios de comunicación que no se caracterizan por criticar la acción de Gobierno del PP han centrado sus agendas en las acciones de la PAH sobre diputados ‘populares’, los representantes del PP han entrado de lleno en este asunto. El presidente del Gobierno, que se niega a valorar que el juez de la AN Pablo Ruz haya imputado a Angel Sanchis por un presunto delito de blanqueo de dinero, sí ha considerado oportuno referirse a los escraches para sepañar que son comportamientos «profundamente antidemodráticos».

Es la guinda a unos días que, amparados por el episodio registrado en el domicilio de Esteban González Pons, hace una semana, miembros del PP han entrado de lleno en la valoración de la campaña de la PAH, de cara a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para frenar los desahucios, para rechazar lo que se consideran coacciones y, sobre todo, para desacreditar a un movimiento que, hasta el momento, concita la simpatía de la ciudadanía por varias razones:

• Por su capacidad de organización, en forma de plataformas, al margen de las formaciones políticas y poniendo en marcha todo un repertorio de movimientos sociales clásicos que los permite engarzar con los movimientos vecinales, convenientemente desactivados durante los años posteriores a la Transición y que han vuelto a tomar fuerza debido, sobre todo, a la incapacidad de la Administración para paliar los efectos de la crisis sobre los sectores más débiles de la sociedad
• Por su visibilidad: a partir de una simbología y de unas actuaciones, no sólo llevan cuatro años movilizándose contra la consideración de la vivienda como un negocio, y no como un derecho social reconocido por la Constitución, sino también ante la ceguera de los representantes políticos por abordar un drama que sólo acaba de empezar. El CGPJ estima que, desde 2008, se han ejecutado 400.000 desahucios, una cifra que se puede quedar en nada si pensamos que el plazo medio de un proceso es tres años y que, ahora, están comenzando a caer aquellas personas que se quedaron en paro durante los primeros años de la crisis y que ya no cobran ayuda alguna.
• Porque han puesto nombres, apellidos y un relato a un drama conocido en los barrios más populares, pero que, hasta hace un año, pasó desapercibido para buena parte de la ciudadanía, incluidos los representantes políticos.

Como respuesta a la propuesta de máximos que se recoge en la ILP y que el PP, con sus votos, ayudó a tramitarse en el mismo día en el que se conocía el suicidio de tres personas inmersas en procesos de desahucios, los ‘populares’ han sabido aprovechar la oportunidad de la campaña de escraches iniciada por la PAH para intentar desacreditar el movimiento. Sin embargo, como casi siempre, se ha pasado de frenada demostrando, de nuevo, que su mayoría absoluta parece incapacitarle para admitir y respetar la crítica de colectivos que no sólo no comparten su visión de que la socidad funciona mejor como «mayoría silenciosa», sino que la ciudadanía tiene toda la legitimidad para demostrar su discrepancia en la calle.

La espita la abrió la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifeuntes, que tras unas semanasa alejada de los focos mediáticos recuperó el protagonismo que parece buscar atribuyendo a la PAH intereses políticos y vinculándola con organizaciones filoterroristas. Argumentaba sus palabras con la presencia de la plataforma Stop Desahucios de Guipúzcoa Vizcaya en una manifestación a favor de los presos de ETA y de la resolución del conflicto vasco hace dos meses.

Cifuentes salió a matizar luego sus palabras pero el hecho de que distitnos dirigentes del PP hayan seguido la estela abierta por la delegada del Gobierno madrileño confirma que no estamos ante una reflexión inconsciente, sino que se trata de un argumentario dirigido a menoscabar el apoyo social a la PAH bajo la idea de que se tratan de comportamientos antidemocráticos y/o violentos:

• Cristina Cifuentes: «La señora Ada Colau y otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu y estos grupos, a mi modo de ver y de muchos españoles, tienen mucho que ver con ETA»
• Rafael Hernando: «Este camino que ha emprendido esta plataforma o algunas personas que están dentro me parece un camino absolutamente equivocado. No favorece en ningún caso a su causa. Lo único que hace es alentar a una izquierda radical que favorece e impulsa la violencia y que ha coqueteado en el pasado, e incluso en la actualidad, con otras organizaciones próximas al terrorismo»
• Bermúdez de Castro: «yo creo que el método del acoso, la coacción, la persecución, el insulto incluso hasta el dominio del representen elegido en las urnas es incompatible con la democracia»
• Esteban González Pons: «Se hace a favor de desahucios, que es una causa que todo el mundo comprende, pero mañana puede ser cualquier causa porque el miedo del parlamentario se habrá convertido en un método habitual, es decir, la antidemocracia habrá contaminado a la democracia»

Los escraches hoy forman parte del vocabulario de la opinión pública, una reflexión que, sin embargo, obvia el trasfondo de iniciativas de este tipo:

• Los mismos que hablan de comportamientos violentos obvian la violencia directa de procesos de desahucios o en la violencia estructural de despidos masivos, de tasas de desmpleo del 26% y de la evidencia de que el coste de la crisis no recae de forma justa ni equitativa en todos los sectores sociales.
• Los mismos que hablan de comportamientos antidemocráticos son los que eluden dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que salpican a la planta noble y/o que se ahorran su deber democrático de dirigirse a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.
• Los mismos que critican de esta forma los escraches de la PAH son los que han usado el rodillo de la mayoría absoluta del PP para evitar comparecencias en el Congreso de Rajoy -salvo las estricamente necesarias- y las que han legislado a través de Decreto Ley.
• Los mismos que se envuelven en la bandera de la democracia representantiva son los mismos que ignoran que un programa electoral es un contrato entre el representante y la ciudadanía. Tenemos hoy un partido en el Gobierno que acudió a unas elecciones con un programa laxo que, además, ha incumplido de cabo a rabo, sin dar más explicaciones que es por la  herencia recibida y porque es lo que hay que hacer.
• Los mismos que arremeten contra los escraches son los mismos que criticaron las movilizaciones del 15M, de los profesores de la marea verde, de los facultativos de la sanidad pública, de los funcionarios, de los trabajadores que secundaron huelgas generales, de los ciudadanos que se manifestaron en la calle contra un programa de recortes del gasto social que ha profundizado la recesión y disparado el paro, a pesar de las sustancias que fume la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que insiste en defender su reforma laboral como causa de la menor destrucción del empleo.
• Los mismos que hablan de coacciones a los diputados son lo que llevan lustros alejados de la calle, legislando en función de intereses que, en muchos casos, son contrarios al interés común. En el caso de los desahucios, ha debido ser el Tribunal de Estrasburgo el que apuntara a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, comportamientos que desde el poder legislativo y ejecutivo se han permitido.
• Los mismos que pretenden desacreditar a la PAH, con argumentos peregrinos como su supuesta cercanía a ETA, confirma el temor ante un movimiento social que ha demostrado una capacidad de influencia en la sociedad sorprendente,a pesar de su organización horizontal y basada en la autogestión. Hasta que la PAH no lo puso se manifiesto, en este país no se hablaba de desahucios o de desprotección de los usuarios por el papel predominante de la banca en las estructuras económicas y financieras del país. A día de hoy, esto no se considera violencia, a pesar de que los movimientos especulativos de la banca española está íntimamente conectada con nuestra situación como país, como puede acreditar el impacto en la deuda soberana.
• Los mismos que critican este tipo de acciones son los que no parecen dispuestos a modificar su manera de entender la política y, mucho menos, a asumir que la ciudadanía les elige como representantes políticos y que en su carta de deberes figura dar explicaciones de sus actuaciones, sobre todo cuando estas actuaciones van en contra el programa electoral del partido por el que fueron elegidos en las urnas.

Dicho esto, considero que hay acciones más efectivas que los escraches, al menos tal y como se han importado de Argentina y Uruguay y como sé están desarrollando en distintos puntos de España. La imagen de un representante político, perseguido por 20 ó 30 personas, proyecta una imagen de presión y/o coacción, y eso si partimos de la idea de que se trata de acciones pacíficas, dirigidas a trasladar argumentos, y que no se profieren insultos.

En este punto, convendría aprender de los movimientos sociales de último cuño y usar elementos simbólicos que, sobre todo, generen una ola de simpatía: a pesar de que no tengamos ninguna canción parecida al Grandola, Vila Morena, se podría elegir alguna canción como parte del repertorio de actuación y /o acciones de resistencia pasiva, con la presencia de 20-30 personas que reciban en silencio a sus señorías. Se conseguiría el mismo efecto y, sobre todo, se daría una lección a los que pretenden erigirse como víctimas de una situación sobre la que su mayoría absoluta les otorga control total. Mi contribución: L’estaca

CORRECCIÓN. Iñaki realiza el siguiente inciso, que le agradezco enormemente:  «No es “STOP desahucios Gipuzkoa” sino “STOP desahucios Bizkaia”. Queda corregido