Tras el anuncio de abdicación de Juan Carlos I en su hijo que realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, luego refrendado por el protagonista de la noticia, Gobierno, PP, PSOE y medios afines difundieron la idea de que ésta era una decisión meditada, que se había tomado hace meses y de la que eran participes los dos partidos del que han tenido las riendas del país desde la Transición política.

Desde el Ejecutivo, se defendió la idea de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría llevaba meses preparando el relevo en la Jefatura del Estado para que ésta fuera lo menos traumática posible, dada nuestra Historia reciente en esta materia. Desde entonces:

• Hemos visto cómo se aprobó la Ley Orgánica de Abdicación del Rey con el 85% del apoyo del Congreso de los Diputados y el 90% de los votos en el Senado. En la Cámara baja, votaron a favor PP y PSOE, UPyD, UPN y Foro; Izquierda Plural, ERC, Compromís y Geroa Bai y Nueva Canarias votaron en contra; CiU, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. Este resultado se repitió en la Cámara Alta. A pesar de lo abultado del resultado, no se oculta un hecho: IU y CiU se descolgaban de un proyecto que apoyaron en 1978 (en el caso de IU, a través del PCE de Santiago Carrillo). En el debate, todos los partidos reclamaron una reforma constitucional (con variaciones en cuanto a su alcance y /o necesidad de ser sometido a referéndum).
• Ante el nuevo estatus del rey Juan Carlos, el Gobierno presentó dos enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sometido parcialmente a reforma, para incluir un fuero especial para el rey saliente, la reina consorte y la princesa de Asturias.
• Esta decisión, que sugiere que el proceso de abdicación distaba mucho de estar preparado, fue fuertemente criticado por los grupos parlamentarios, que recordaron que en democracia, tan importante como el fondo es el procedimiento.
• Este lunes, el PSOE anunció su abstención en la comisión de Justicia que discutía esta cuestión, posición a la que volvió a sumarse CiU. Además de los partidos que votaron en contra de la Ley de abdicación, se sumaron a estas posiciones UPyD (que propone reducir la lista de aforados) y PNV, que sugirió que este aforamiento «exprés» sugiere que Juan Carlos I ha cometido algún delito por el que debe ser protegido por los poderes. En la votación de este martes, el PP se quedó solo, junto a UPN y FAC (marcas suyas en otro tiempo en Navarra y Asturias).

En este escenario, y una vez amortizada la crítica contra CiU e IU, el PP dispara ahora contra el PSOE, de quien señala que debe dar explicaciones por su posicionamiento. De fondo, el debate sobre la compatibilidad de incluir una cuestión tan importante como ésta, que supone una vulneración del principio de igualdad de todos los españoles que recoge la CE, por la puerta de atrás de una ley que se llevará este jueves a un Pleno extraordinario en el que se zanjará el asunto en el Congreso.

En la práctica, se reconoce el blindaje del Rey en la esfera penal y civil, a pesar de no ejercer ya cargo público, y se remite la posibilidad de ser enjuiciado al Tribunal Supremo. Los que defienden la medida, en aras del agradecimiento de España al Rey Juan Carlos, defienden que no es de recibo negar su aforamiento en un país en el que hay 10.000 personas que gozan de esta prerrogativa que, en casos de corrupción, ha dilatado los procedimientos hasta la extenuación.

Sobre los motivos por las prisas para blindar la figura del Rey, tampoco hay dudas: La Audiencia Nacional estudia una querella contra Juan Carlos I por su papel durante el 23F y afronta demandas de paternidad  una vez perdida la inviolabilidad de su figura. Este hecho, del que informó la BBC, fue sólo abordado por medios alternativos y minoritarios y, que sepamos, en los informativos de La Sexta.

Se da la circunstancia de que, de confirmarse la paternidad de Juan Carlos I, Albert Solá sería su primogénito y, antes de la política de hechos consumados de la abdicación, su heredero al trono de acuerdo al art. 14 de la Constitución española [Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social] y ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la reforma del Código Civil introducida por ley de 13 de mayo de 1981, que equipara a los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales a efectos de ser herederos forzosos de sus ascendientes. Ergo…

CODA. A primera hora de esta mañana, el juez instructor del caso Noos, José Castro, confirmó la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. El juez imputa a Iñaki Urdangarin nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación sobre 16 de las 32 personas implicadas en la causa.

Tras la noticia, que no ha resultado una sorpresa para casi nadie, el abogado de la infanta y la Fiscalía Anticorrupción anunciaron recurso a la decisión del juez Castro. Por su parte, la Casa Real manifestó su respeto a la independencia del Poder Judicial, en línea de las palabras pronunciados por el rey Felipe VI en el acto de proclamación. Nuevos tiempos, viejos problemas.