Ni el Gobierno ni el PP atraviesan su mejor momento político. Los sondeos sobre intención de voto publicados, a la espera del próximo barómetro del CIS, confirman que Mariano Rajoy empieza a asumir que tienen un problema, llamado Ciudadanos, frente al que ha llamado a los suyos a dar la batalla día a día. Es posible que, en los próximos meses, veamos recrudecerse una batalla por el control del centroderecha en un escenario en el que el PP por el momento no sabe jugar, en buena medida porque nunca ha tenido que hacer frente a ese competición. Ironías de la vida, se jugará la partida frente a su principal socio parlamentario.

Con el rival ideológico en la izquierda en su pugna particular, Moncloa tiene ante sí un problema que ya hemos detectado en su anterior legislatura: Su incapacidad para trasladar un mensaje a la ciudadanía que haga compatible la idea de la recuperación económica con el desarrollo del país basado en oportunidades, con condiciones de trabajo y salarios aceptables, o la recuperación del compromiso de la sociedad con sus representantes políticos en un proyecto país deseable.

A pesar de los buenos datos macro, la devaluación interna y la condena de muchos trabajadores a un contexto de precariedad crónica son un hecho que se traducen también en una desafección política y social. En un contexto de desilusión ante proyectos alternativos (léase Podemos) o la constatación de que el bipartidismo era mucho más fuerte de lo que se creyó en su momento y que hoy suponen un escollo para cualquier reforma del país, sólo el factor nacional parece servir de pegamento de país que asume proyectos como la UE como artefactos lejanos.

En este contexto, basta esperar a que C’s confirme o no el aviso que han dado las encuestas para entender la dimensión del problema para el PP (y, de forma secundaria, para el PSOE, que no aparece como alternativa al Gobierno popular). No beneficia, en estos momentos, a los intereses de Génova tres procesos que están mucho más relacionados de lo que parece a priori: Por un lado, hay que hablar de la evolución de los casos de corrupción en los tribunales, con amenazas cada vez más explícitas al PP de que los encausados tirarán de la manta si no logran beneficios procesales.

Por otro lado, causa problema de imagen pública la reaparición de  antiguas ‘vacas sagradas’ caídas en desgracia, como Rodrigo Rato responsabilizando a la mano invisible del mercado como los causantes de la crisis financiera de Bankia, en un ajuste de cuentas con el departamento económico del Gobierno central. Como las desgracias parece que no vienen solas, el PP también se ha visto obliga a sofocar incendios como el que provocó hace unos días Celia Villalobos apuntando directamente a la base electoral del PP, los pensionistas, como beneficiarios de un sistema que no funciona y que, entendemos, será el próximo grupo en el punto de mira de los recortes sociales.

Tampoco terminan de entender sus votantes la estrategia de Moncloa de hacer aterrizar el proceso independentista por cansancio, con la adopción de mensajes firmes frente a la idea de Carles Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas mientras la Fiscalía y el Poder Judicial renuncian a proceder contra él aprovechando su viaje de Puigdemont a Dinamarca, este lunes. Lo que viene siendo dar una de cal y otra de arena, en lo que parece el método más adecuado para reconducir la situación que, no obstante, puede terminar de enfadar a un electorado más interesado en la exhibición de la mano dura frente a los promotores políticos del independentismo.

Parece, por lo tanto, que las partes implicadas comienzan a entender la dimensión de un problema que, como se vio en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, no está desactivado ni mucho menos gracias a un escenario que el Gobierno podría haber alimentado por una serie de errores no provocados.

Desde octubre venimos señalando que la última fase del proceso independentista y especialmente la reacción del Gobierno central han tenido y tienen una repercusión mucho mayor de lo que se pretende. A pesar de la defensa del despliegue policial en Cataluña (con un coste de 87 millones de euros) y de  las cargas policiales del 1 de octubre que realizó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hace unos días, que a cambio reconoció que no tienen la menor idea de cómo llegaron las urnas a los centros de votación a pesar de estas buscándolas durante semanas, el Ejecutivo sabe que fue un error mayúsculo amplificado por el foco mediático y por su eco internacional.

En la práctica, las cargas «legítimas«, según Zoido, se demostraron inútiles en cuanto a su objetivo final (impedir la votación) y un problema de imagen para el Ejecutivo central, con las consecuencias directas en cuanto al papel de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, descabalgada en estos momentos de cualquier quiniela por la sucesión de Mariano Rajoy como candidato del PP a las próximas elecciones generales.

La confirmación de cómo el proceso independentista cuenta con mayores simpatías de lo que se quiere aceptar desde la respuesta institucional centralizada en Madrid la tuvimos hace unos días en forma de campaña publicitaria. La plataforma de pago Netflix promocionó la cuarta temporada de una de sus series de cabecera, Black Mirror, con imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre y de Mariano Rajoy como la persona responsable de las mismas.