El portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de tendencia progresista, lo resumió perfectamente en su cuenta de Twitter:

Joaquim Bosch se refería a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de tres años y medio de cárcel para José Miguel Arenas, conocido como Valtònyc, por delitos de calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas por el contenido de sus canciones. El Alto Tribunal confirmaba así la sentencia de la Audiencia Nacional por canciones que fue publicando en Internet entre los años 2012 y 2013 y se suma a la ofensiva en los tribunales contra las letras, más o menos impresentables, contra todo el entramado institucional español.

No es nuevo. Hace 15 años se aprobó la Ley de partidos políticos que, en la práctica, permitía ilegalizar a cualquier formación política vinculada a la izquierda abertzale por no condenar las acciones de ETA o colaborar con la banda armada. Se asumía así la doctrina de que no hacía falta probar esa vinculación y actuar contra sujetos concretos para poder usar el Poder Judicial contra una ideología concreta bajo la idea de que «todo es ETA». Así se justificó el cierre del periódico Egunkaria, del que se cumplen 15 años, y se prohibió la concurrencia de los distintos partidos vinculados a HB a los procesos electorales hasta que el fin de ETA fue un hecho.

Tal y como se viene denunciando desde entonces, la sociedad española aplaudió esa suerte de excepcionalidad vasca, que se justificó por la presencia del terrorismo pero que ya se ha extendido a todas las esferas, como bien pueden explicar los líderes independentistas que todavía permanecen en prisión a pesar de decidir abandonar la política, reconocer la ilegalidad de su actuación a raíz del 1 de octubre o acatar la CE y todo el ordenamiento judicial.

Son los coletazos de una doctrina que en dos años ha deparado grandes titulares y una escasa reacción social o política. Hace dos años fue el turno de los titiriteros en Madrid; también la condena de otros cantantes por opiniones vertidas en las redes sociales o por la difusión de canciones más o menos impresentables; hace unos días tuvimos el conocimiento de un procedimiento contra un hombre que había vertido insultos contra las víctimas de la violencia de género desde su perfil en Twitter.

Y todo ello ocurre mientras los cadáveres políticos vinculados al PP siguen vomitando información sobre modus operandi de la presunta financiación ilegal del partido, con sus jefes guardando silencio a pesar de las acusaciones, o mientras vemos que los responsables de la quiebra financiera o de delitos de cuello blanco siguen en la calle o volando en business mientras se espera que se den a conocer sus recursos a sentencias condenatorias.

Una sentencia en mitad del rearme conservador

La sentencia del TS que condena a Valtònyc fue duramente criticada por sectores judiciales progresistas, así como por el espectro político nacionalista y vinculado a Unidos Podemos. En la práctica, estamos ante la nueva constatación del giro autoritario del que venimos escribiendo en este blog desde nuestra aparición, con hitos como la aprobación de la llamada Ley Mordaza, los debates en torno a endurecer los delitos vinculados a la protesta ciudadana, la persecución de la instauración de la cadena perpetua al calor de la comisión de unos delitos muy mediáticos o la persecución de formas artísticas que cuestionen el sistema en un contexto de fuerte ira social y de descrédito del sistema en su conjunto en un contexto de falta de conflictividad grave.

Lo hemos dicho en el pasado y lo repetimos en estos momentos: Una canción puede ser mala, malísima, infumable e impresentable. Ser condenado a prisión por una canción es de una desproporción tal, igual que responder ante los tribunales por ser un imbécil integral o por defender ideas reprobables desde el punto de vista político y/o ético. Y todavía es todavía más desproporcionado si lo comparamos con otras sentencias, vinculadas con abusos sexuales a menores, o las derivadas de la corrupción política y /o falta de ejemplarid derivadas de unas normas aprobadas en la legislatura de la mayoría absoluta del PP y que hoy, con un Gobierno en minoría, todavía sigue en vigor por la falta de acuerdo y/o interés del resto de los partidos de la oposición parlamentaria.

Esta ofensiva neocon, con los tribunales haciendo el trabajo sucio con la normativa aprobada en las Cortes Generales, se completa con dos hechos que también han ocurrido estos días. Por un lado, el refresco de una idea nacional que parte del supuesto de la exclusión del que no siente la patria y sus símbolos de la manera que atesora la derecha política e ideológica, como se puso de manifiesto con la iniciativa de la cantante Marta Sánchez de poner letra y música al himno nacional para reivindicar su idea de una España sin complejos. Una idea de España aplaudida por C’s, el PP o Vox, que compiten en desproporción al pedir que se adopte la letra de Marta Sánchez, con altas dosis de almíbar, como la propia del himno nacional.

Por otra parte, una jueza de Collado Villalba, Madrid, decidió el martes secuestrar el libro Fariña, de Nacho Carretero  a petición del ex alcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó al autor y a la editorial por un delito de vulneración de derecho al honor. Se da la circunstancia de que el libro, que relata hechos que muchos gallegos asumen como reales durante los años ’80 y ’90, con implicaciones en la política incluidas y reconocidas por sus protagonistas, fue publicado en 2015, lleva ocho ediciones y servirá de base de un guión para una serie cuyos derechos ha comprado Antena 3.

CODA. En el momento de elaboración de este post, el perfil del PSOE en Twitter guardaba silencio sobre los hechos expuestos. Tampoco hay condenas públicas de otros artistas españoles conocidos, muy atentos a las limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela, salvo una recogida de firmas testimonial.